Hace ya dos décadas que desde el periodismo de investigación se establecieron tres fuentes principales de corrupción y enriquecimiento ilícito con fondos públicos. La primera es la Aduana. Un botín histórico que a partir de la guerra interna y el control militar para impedir el ingreso de armamentos para la guerrilla, fue dominado pero no operada en exclusiva por militares. Cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público de la época descubrieron la existencia de La Línea, encabezada por el Presidente y la Vicepresidenta, esta fuente de corrupción se puso en evidencia de la manera más clara e incontestable.

La segunda fuente es la construcción de obra pública impulsada con fuerza a partir del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (Alfonso Portillo) pero llevada a nuevas alturas durante la administración de Otto Pérez Molina. Jimmy Morales logró rescatar esa corrupción, interrumpida solo brevemente por la labor del Cicig y ahora de nuevo frenada bruscamente por el electorado y el gobierno de Bernardo Arévalo.

La tercera fuente de gran corrupción es la compra de medicamentos y equipos médicos para el sistema de Salud Pública, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Centro Médico Militar. Esta fuente se potenció a partir del gobierno de Óscar Berger pero sobre todo floreció por la ingeniosa labor de Gustavo Alejos en tiempos de Álvaro Colom. Penetró cada eslabón del sistema en la toma de decisiones y en la ejecución de la compra. Compartió una parte del botín con sus competidores para evitar trifulcas. Es incalculable el daño que este robo constante y cada vez más descarado de medicamentos a precios estratosféricos le causa al magro esfuerzo fiscal guatemalteco por ofrecerle servicios mínimos e insuficientes a la población. Grandes fortunas, añejas y emergentes, se han incrementado o creado a partir de estos negocios gigantescos, como los que por estos días se denuncian en el seguro social. La medicina más cara, sea de marca o genérica, proveida por amigos del gobierno de turno, o en este caso, de la administración de turno en el seguro social, se adquiere mediante la manipulación del sistema de justicia. El ingenio de los corruptos les ha llevado a comprender que un organismo judicial igualmente corrompido sirve para generar órdenes de compra a su favor.

El gobierno de Bernardo Arévalo, que ganó las elecciones con el mandato de poner fin a la corrupción y renovar la batalla penal en contra de los corruptos, ha podido hasta hoy hacer muy poco, nada francamente por perseguir a quienes roban. En cambio, ha procurado imponer límites a la compra fraudulenta mediante el convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en el ministerio de Salud, pero no ha trabajado en desterrar el entramado de cuadros útiles a las compras fraudulentas corrupción que los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei dejaron ubicados en puestos clave.

El gobierno de Bernardo Arévalo tampoco ha presentado hasta hoy el plan para rescatar de los abusos en la sobrevaloración de medicamentos que se cometen a ojos de todos en el seguro social. Su gobierno apenas tendrá oportunidad de nombrar a las nuevas autoridades en el año 2027, pero si llegan con un plan concreto que poner en marcha, pueden sentar las bases para impedir que el seguro social siga siendo saqueado.  Su labor es preparar y montar un sistema de compras que garantice el final de este régimen de enriquecimiento demencial.

Esta es la cauda del abrupto cese de la lucha contra la corrupción iniciada por Jimmy Morales y el esquema de impunidad concebido y orquestado desde los tres poderes del Estado por Alejandro Giammattei.

La riqueza de todos estos corruptos se construye con el daño de la salud de los guatemaltecos.