La oposición al gobierno de Bernardo Arévalo muestra desesperación. Intenta con todas sus viejas fórmulas, declarar un día dedicado a la Biblia, apoyar solapadamente a Joviel Acevedo en su huelga, ofrecerle una enésima ampliación a los pagos para expatrulleros de audefensa civil algunos de los cuales deben haberse cambiado los pañales mientras sostenían el fusil de los jóvenes que son hoy. Y nada. No levantan cabeza. Los opositores temen con razón que en una elección libre en 2027 el electorado volverá a darles la espalda.

Han pasado largos meses sin echar mano de los fondos públicos para alimentar sus fortunas y sobre todo, para financiar la próxima campaña. Saben que con un poco más de rigor de parte del gobierno, se les haría difícil usar los programas sociales, como todavía hacen algunos diputados y alcaldes en sus distritos, como herramienta de propaganda a su favor.

Harán todo su mejor esfuerzo para ejercer control sobre la comisión postuladora de aspirantes a Fiscal General, pero en sus atisbos de lucidez dan por perdida esa herramienta estratégica.

Confían en Walter Mazariegos y en los magistrados de la Corte Suprema y en Estuardo Gálvez en el Colegio de Abogados para designar a sus abanderados a la nueva Corte de Constitucionalidad, pero saben que no llevan las de ganar.

Por eso concentran su esfuerzo en la integración del futuro Tribunal Supremo Electoral. Creen que con magistrados a su servicio pueden volver a intentar lo que tan mal les salió en 2023: manipular un previsible resultado, restringiendo la participación de quienes adversan la impunidad para la corrupción. Porque ese es su objetivo central. Volver a tomar control del presupuesto nacional y contar con aliados en el Organismo Judicial y en el Ministerio Público para evitarse las molestias de los procesos penales por robar fondos públicos.

A los opositores no les cabe en la cabeza que, pese a todos los fallos, limitaciones e insuficiencias del gobierno, un segmento importante de población y sobre todo, de votantes, rechaza con vehemencia el retorno de gobiernos como el de Jimmy Morales, Alejandro Giammattei y Otto Pérez Molina. Cuando claman por el retorno de aquellos viejos tiempos se avocan al fracaso.

La mejor campaña en contra suya la han producido ellos mismos. Al granjearle impunidad a celebridades tales como Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, José Luis Benito, Miguel Martínez, Gustavo Alejos y un largo etcétera, han desacreditado por completo su discurso político.

En ese descrédito les acompaña el alto empresariado, aliado de la impunidad para los corruptos por conveniencia propia. Todavía no hay grúa que levante su imagen después de su apoyo a Consuelo Porras.

El oficialismo, mientras tanto, no alcanza a comprender el punto. Ganaron por representar lo opuesto a ellos. Y les da miedo blandir el tema de la probidad y expresar apoyo para quienes lucharon contra la corrupción.

Peor aún, el esfuerzo del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos y los aliados del presidente Arévalo en la bancada por hacer aprobar una ley que agilice la ejecución de fondos públicos constituye un error estratégico. Es cierto que la gente les recrimina su lentitud para ejecutar. Pero más les recriminará la corrupción previsible. La Contraloría hará lo que siempre ha hecho para prevenir o combatir los escamoteos de fondos. Nada. Y los impuestos robados a modo de comisiones para los diputados opositores les dotarán de recursos para una campaña a la cual van escasamente desfinanciados.

¿Le urge al gobierno ejecutar y que se perciba la inversión pública? Que cree una fuerza de tarea en cada área para lograrlo. En Comunicaciones, en Salud Pública, en Educación y en Consejos Departamentales. Que no por corregir una deficiencia suya vaya a entregarle en bandeja a su adversario  lo que hoy le hace falta.

La oposición se equivoca y el oficialismo a veces pareciera intentar ayudarlos.