El gobierno de Guatemala está entre los consentidos de Trump en Latinoamérica. A lo mejor el Presidente de Estados Unidos no tiene ni somera idea de dónde se encuentra el país nuestro, pero al anunciar los acuerdos comerciales con los primeros cuatro países de la región, incluyó a Guatemala junto a la Argentina de Javier Milei, a El Salvador de Nayib Bukele y al Ecuador del señor Noboa.

Hablamos de Donald Trump, santo mayor de las derechas en el mundo entero, no de un casquivano pro socialista en la Casa Blanca. Y hablamos de Bernardo Arévalo, un autodenominado socialdemócrata que no ha propuesto la menor reforma progresista en dos años de gestión.

La embajada de Trump en Guatemala se ha empleado a fondo para luchar del lado de las fuerzas del gobierno en no pocas ocasiones. Algo que hace rabiar a quienes detestan el triunfo electoral de Bernardo Arévalo y prefieren atribuirlo a maniobras del gobierno de Joe Biden con financiamiento de USAID. En un esfuerzo risible, denuestan ante el Departamento de Estado a quienes encabezan su misión diplomática en el país. Como si el embajador Bradley se mandara solo.

Por ejemplo, la revocatoria oportunísima de la visa de la magistrada Claudia Paredes dejó bien claro a qué grupo no desea ver Washington al frente del Organismo Judicial. Y aunque sus esfuerzos no han sido coronados con la liberación de José Rubén Zamora, la presión de Estados Unidos para sacar de prisión a todos los presos políticos, Luis Pacheco y Héctor Chaclán incluidos, es constante. La dictadura judicial resiste con dificultad esa presión y a estas alturas no entiende por qué un supuesto aliado ideológico les da batalla y ayuda a su adversario en el país.

Y no lo van a entender. No lo entenderán nunca. ¿Por qué a Consuelo Porras la mantienen sancionada pese a todo el cabildeo desperdiciado para estos efectos en Washington y en cambio se le extiende visa al diputado Luis Aguirre a quien sus detractores presentan casi como un demonio anti yanqui?

Washington tiene interés estratégico en Guatemala y se sirve y le sirve a quien le ayuda a alcanzarlo. En primer lugar quiere asegurar que el país no será un riesgo de seguridad cercano a su frontera sur. Quiere tener garantías de que podrá usar cuando mejor le convenga el territorio nacional para trasladar mercaderías, armamentos y tropas de un océano a otro (por eso sus ingenieros militares colaboran a costa del contribuyente guatemalteco con la ampliación de los puertos y la rehabilitación del tren entre los dos océanos). Quiere combatir con efectividad el tráfico de drogas y quiere que el país deje de ser una fuente permanente de migrantes hacia el Norte. Incluso con el actual control que se ejerce sobre su frontera sur, Estados Unidos comprende que la permanencia de alrededor de 4 millones de guatemaltecos en su territorio alimenta una tendencia de largo plazo de reunificación familiar que hace incesante el flujo de personas.

A Estados Unidos le conviene —y así lo entienden republicanos y demócratas— que el país le ofrezca oportunidades de vida próspera a su población. Con las instituciones en manos de quienes sólo las utilizan para ordeñarlas y constituir capitales espurios, ese interés suyo no va para ninguna parte.

Por eso y no por otra cosa se plantean en contra de la impunidad para la corrupción, en contra de la criminalización de los operadores de justicia que han perseguido a los corruptos y en contra de quienes se declaran pro libre empresa pero sólo logran hacer fortuna en negocios con el Estado.