La paralización por tres días del Puerto de carga en el mar Caribe, Santo Tomás de Castilla, se convirtió esta semana en el motivo del primero de dos reclamos estridentes del sector privado organizado. El segundo, se dio por la interrupción del flujo normal de vehículos en la CA 2 Occidente, a causa de los daños en el puente Mocá.

¿Qué ocurre en Santo Tomás?

Que el presidente Arévalo nombró a un abogado joven, 37 años, José de la Peña, para hacerse cargo de la empresa portuaria. Y en cuanto ha intentado recortar gastos abusivos, como el cobro excesivo de horas extra por parte de empleados sindicalizados, ha iniciado el conflicto. De acuerdo con De la Peña, hay trabajadores integrantes de un equipo que cobran mientras descansan, pero sus compañeros trabajan. Alegan haber marcado su ingreso (en una máquina que se encuentra fuera del recinto portuario) pero solo se aseguran de dejar su registro biométrico y vuelven a salir. Luego reportan una cantidad de horas extra que en realidad no fueron laboradas.

Para evitar este robo, las autoridades pusieron en práctica el uso de un brazalete para confirmar que quien ha marcado el registro biométrico permanece en el lugar de trabajo.

Los trabajadores sindicalizados pronto decidieron ir a paro para forzar a las autoridades a quitar esos procedimientos de control. Entre sus primeras exigencias se encontraba la destitución de De la Peña.

Los dirigentes sindicales aseguran estar amparados en derechos adquiridos, consignados en el Pacto Colectivo de condiciones de trabajo. La empresa portuaria es una entidad semiautónoma cuyas autoridades son nombradas por el Presidente de la República. A lo largo de los años, las portuarias tanto de Santo Tomás como la del Puerto Quetzal han prohijado clanes de trabajadores cuyos dirigentes se han enriquecido gracias a su participación en el manejo de los puertos y uno tras otro los gobiernos han estado dispuestos a conceder privilegios y granjerías, como el derecho preferente de contratación para los descendientes y cónyuges de los miembros de los sindicados, que han terminado por convertir en coto privado, y escasamente competitivo, lo que en su origen fue una inversión pública. Pero no solo hechos se benefician de este coto privado.

Los servicios de grúas, los de limpieza de los buques y muchos servicios más han sido por mucho tiempo negocios en manos de allegados del gobierno de turno.

Las plataformas de revisión en ambos puertos han sido siempre fuente de riqueza a toda prisa para quienes las instalan y las operan.

No por casualidad algunos grandes operadores de intereses portuarios, como Estuardo Vargas, son reclutados por partidos políticos, como la Unidad Nacional de la Esperanza.

Los reclamos de esta semana de los dirigentes empresariales por la paralización del puerto resultan comprensibles. Su actividad económica se ve afectada por la protesta estridente de unos pocos privilegiados a quienes se procura reducir en sus abusos y privilegios. Las autoridades corrieron a sofocar el descontento con un acuerdo parcial, pero procuran retomar la lucha por reducir los abusos en el Puerto. ¿Estamos dispuestos como sociedad a pagar el costo de luchar contra las mafias instaladas en las portuarias  o preferimos que las cosas sigan igual?

Ya hay evidencia de lo que ocurre cuando la decisión es no combatir la corrupción. El puente Mocá podría hoy ser un puente nuevo, de diseño moderno y capaz de resistir a las condiciones del cambio climático. Pero la corrupción malogró la ampliación de la ruta CA 2 Occidente a una carretera de 4 carriles y con 76 puentes nuevos contratada a la firma Odebrecht.  Y esa corrupción ha sido premiada por el sistema. No castigada.

Los culpables de malograr ese proyecto y cobrar US$18 millones en comisiones gozan de impunidad con la ayuda de Consuelo Porras y la dictadura judicial, a quienes aplaude y apoya el liderazgo empresarial. El resto de guatemaltecos, que no solo los empresarios, pagamos la deuda contraída y vemos derruirse uno a uno los kilómetros de esa carretera.