El texto de Jodie García en Plaza Pública me pegó como un tubo de hierro en la cabeza. O como una punzada en el corazón.

La descripción de los exilios de Russeth Xoyón y Néstor Cardona, una mujer joven y un hombre de 63 años, ciudadanos determinados a construir un país de oportunidades para todos, sacude como una cachetada. Golpea de diferentes formas.

El primer golpe es el de la crueldad. Padecemos la opresión de quienes usan el sistema de justicia para impedir que el país sea democrático. Su rabia por el triunfo de un partido anti corrupción se traduce en una persecución penal tan inclemente como injusta. El juez Freddy Orellana, los magistrados de la Corte Suprema (pasada y actual), los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y por supuesto, Consuelo Porras y sus corifeos y peones, reencarnan la ambición colonialista de mantener al país sujeto al interés económico de unos pocos.

El segundo golpe es el de la indignidad y la indiferencia. ¿Por qué tolera mansamente nuestra sociedad un afán tan cruel por acabar con las aspiraciones de la mayoría? Pienso en José Rubén Zamora, en Luis Pachecho y en Héctor Chaclán, en Esteban Toc, en Stuardo Campo, en Eduardo Masaya, en la misma Virginia La parra que hubo de huir para no ser encarcelada de nuevo por quienes hoy protegen a un criminal pandillero como El Lobo pues porque también él es beneficiario de este nefasto sistema. No es decente que la sociedad simplemente agache la cabeza frente a tanto abuso. Que calladamente lo acepte todo.

El tercer golpe, y el que más duele, es el de la deslealtad aparente. Quienes trabajaron para fundar el partido Semilla, quienes discutieron ideas y luego recorrieron el país para montar un estructura para participar en las elecciones, quienes hoy hacen gobierno y disfrutan de un poder que subutilizan y antes jamás conocieron, quienes cobran salario de fondos públicos, ¿Qué han hecho para acompañar, para defender, para pelear por el retorno de sus compañeros perseguidos? Pues bien, encuentro información sobre la ayuda económica de la bancada de diputados a los del exilio, apoyo en la tramitología de sus permisos de trabajo en donde han pedido refugio, contribuciones para una compañera que padece cáncer y requiere tratamiento.

Me cuesta entender en cambio que el presidente Bernardo Arévalo prefiera no referirse al exilio de los miembros de su partido ni hable de un esfuerzo por ayudarles para no ser tildado de obstructor de la justicia. Me pregunto cuánto contribuye el Presidente a legitimar a un sistema judicial corrompido y sólo sostenido mediante formalismos.

El Presidente llama a los organismos multilaterales desde el podio de la Organización de Naciones Unidas a venir a presenciar, a hacer el papel de veedores del proceso de integración de la futura Corte de Constitucionalidad, del futuro Tribunal Supremo Electoral y de futuro Fiscal General de la República, ¿no ha aprendido aún?

Esa misma veeduría internacional -y su inacción política absurda- permitieron que las Cortes Suprema y de Apelaciones se renovaran ya bajo su mandato con tan malos o peores magistrados que las anteriores.

La batalla por sanear el sistema de justicia, la batalla por recuperar las instituciones nacionales no la van a dar la OEA, ni la ONU ni nadie sino los guatemaltecos. Para eso se le eligió al presidente Arévalo, no para confiar en alguien más haga el trabajo o que mágicamente algo cambie y él pueda nombrar un nuevo fiscal general independiente y apegado a derecho como por obra de encanto.

Si quiere ese resultado tiene que trabajar por él, luchar, arrancarle el poder a quienes hoy aplastan a quien se les opone. Ahí mostraría su lealtad ya no sólo con los perseguidos sino con el país entero.