La discusión pública del país se encuentra empantanada en el fango de la corrupción y su impunidad. Todo gira en torno al tema. Y aunque se trata de un asunto capital, pues la principal contradicción política nacional se mueve entre el combate y la impunidad garantizada a la corrupción, concentrar el debate público en esa materia resulta limitante, excluyente y algún sentido, ocioso.

Los críticos y opositores del gobierno de Bernardo Arévalo por ejemplo se desgastan hasta hoy inútilmente en ese esfuerzo.

Todos los gobiernos por muy sanos que sean tendrán cuadros corruptos. Eso es inevitable. Pero a dos años de la administración del partido Semilla es ya obvio que este no es un gobierno depredador. En eso es notoriamente distinto a las tres administraciones que lo preceden. La diferencia es insalvable. Alejandro Giammatei y Miguel Martínez llegaron a enriquecerse y a enriquecer a sus patrocinadores. Jimmy Morales quedó marcado por la caleta de José Luis Benito y el libramiento de Chimaltenango. Y del gobierno de Otto Pérez Molina pues huelga ya decir cualquier cosa. Nunca se había visto un esfuerzo tan bien articulado por crear fortuna para el triunvirato del Presidente, la Vicepresidenta y el Ministro de Comunicaciones de la época. Y en el conjunto de integrantes de aquel gabinete sobran dedos de una mano para señalar a los ministros honestos.

Sin embargo, opositores y adversarios de Arévalo se empeñan en hacer girar la crítica a los oficialistas en torno a ese tema. La fiscalización es sin duda indispensable y sana para la democracia en el país, no es cosa que desistan de hacerla, pero resultaría mucho más productivo para quienes buscan obtener beneficios del cuestionamiento al gobierno que dedicaran al menos la mitad del esfuerzo a señalar las notorias falencias y omisiones de los actuales funcionarios. Abrir la discusión pública sobre las tareas que la población querría ver cumplidas y en las cuales se encuentran en deuda.

¿Por qué no se aborda la obsolescencia del sistema de contratación de la obra vial? ¿Por qué no hay esfuerzos por cambiarlo? La Ley de Infraestructura lleva ya un año de haber sido aprobada y el país no ha visto aún un solo beneficio de ella. No se ha concedido para ampliación y mantenimiento ninguna de las grandes carreteras. Con la falta que hace. Los trabajos de mantenimiento de rutas apenas avanzan.

¿A qué se debe esta lentitud espantosa? ¿Es pura impericia? ¿Es la captura de los mecanismos de compra por parte de la corrupción? ¿Cómo liberarlos eficazmente?

En materia de Salud Pública deberíamos discutir sobre el diseño de un mecanismo nuevo de compras de medicinas y abastecimiento de equipos que aleje el robo y el despilfarro y haga rendir mejor el dinero público. O hacia el diseño de las nuevas redes integradas de cobertura y su eficacia real. En cambio, todo se limita de manera mediocre a cuestionar el mecanismo de UNOPS.

¿Cuándo vamos a discutir la calidad de los catedráticos y los mecanismos de reclutamiento para integrar los más de 500 institutos públicos que se busca abrir en 2026? ¿Cuál es el pénsum que hará más competitivos a los graduandos guatemaltecos?

¿Por qué se soslaya la urgencia de construir un sistema de servicio civil y qué explicación ofrece este gobierno para no abordarla?

En todos estos temas, y en muchos más, hay materia suficiente para cuestionar al gobierno y a sus funcionarios. Si el objetivo que se persigue es mejorar verdaderamente el uso de fondos públicos y garantizar que las instituciones cumplan con su finalidad ahí hay sustancia de sobra. Pero si el objetivo es solamente aplastar a quien ganó, e invalidarlo por las mismas razones por las cuales los representantes de otras expresiones políticas se sienten cuestionados, seguiremos hundidos en el pantano.