Guatemala vive una y otra vez las mismas prácticas antidemocráticas. Las elites se dedican a frenar y a impedir la participación de quienes proponen ideas para la modificación del sistema en el cual ellas se encuentran más cómodas. La Constitución de 1965 proscribía de manera expresa a los partidos de ideología a la cual el sistema consideraba indeseable (comunistas e izquierdistas en general). En los años 70, líderes socialdemócratas, como Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta desafiaron al status quo y lucharon por organizar sus respectivos partidos.
Alberto Fuentes fue asesinado frente al Jardín Botánico antes de que lo lograra. Manuel Colom fue perseguido y acribillado en la zona 9 cuando ya había inscrito al Frente Unido de la Revolución.
Hoy ya no se usa la violencia sino las resoluciones de la dictadura judicial, pero los resultados son semejantes.
Que los integrantes del Movimiento Semilla deban volver a iniciar la creación de un partido político, con el riesgo de que las autoridades administrativas les impidan alcanzar su objetivo, es una muestra notoria, más que clara, de cómo en el país se sigue obstaculizando la participación de quienes son vistos como un riesgo para el sistema.
La Constitución garantiza la libertad de elegir y ser electo. Pero los magistrados (o tramitadores de procesos) de la Corte de Constitucionalidad, en colusión con el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, limitan y en la práctica vedan ese derecho. El pecado del Movimiento Semilla fue haber pasado inadvertido por el ojo censor de quienes querían diseñar los resultados electorales en 2023 y haber ganado la elección presidencial. Al dejarlos participar, advierten los defensores de la impunidad para la corrupción, cometieron un error de grandes proporciones. Los émulos guatemaltecos de Daniel Ortega aspiran a que ese error solo represente un paréntesis de cuatro años en el acceso a los vastos fondos del Presupuesto Nacional. Por eso, se han empeñado en ahogar al Movimiento Semilla en el plano legal. Han limitado, en contra de las garantías de la Constitución, las facultades de los diputados electos por ese partido. Han encarcelado a varios de sus fundadores y hoy procuran torturar mediante prisión a uno de ellos, Eduardo Maza, que tercamente se niega a aceptar los cargos que no le corresponden como exige para su satisfacción la dictadura judicial.
Como respuesta a esa estrangulación, los integrantes de Semilla buscan crear de nuevo a su partido ya sin ataduras legales. Aspiran a participar en las elecciones generales de 2027. Y como todo guatemalteco, tienen derecho de hacerlo.
Si el electorado se muestra decepcionado por la forma en que Semilla ha administrado el Ejecutivo o ha conducido su labor en el Congreso, que lo exprese en las urnas. Que los castigue negándoles su voto. O que los premie volviendo a votar por ellos si piensa lo contrario.
Pero no tienen derecho los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y sus operadores como Freddy Orellana y Consuelo Porras a elegir por los guatemaltecos. No tienen derecho ellos a erigirse en los electores supremos.
Guatemala ha luchado por muchas décadas por ser una democracia. Y unos pocos enterradores de esa lucha no podrán impedir que los ciudadanos gocen de ella.