Han pasado ya los dos primeros años efectivos del gobierno de Bernardo Arévalo y las cárceles del país son hoy poco más o menos lo mismo que fueron durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Ha habido tres directores distintos del sistema penitenciario. Se ha reformado una prisión para hacerla más segura, Renovación 1, en Fraijanes, pero como un desmentido penoso para el gobierno, ahí mismo se han producido ya motines que demuestran la vulnerabilidad de las instalaciones.

La difusión esta semana de imágenes de una transmisión en vivo por medio de TikTok de tres reos en la prisión de Los Jocotes, en Zacapa, pone en evidencia al sistema completo. No puede combatirse eficazmente el crimen si el Estado no puede asegurar que los criminales en prisión dejarán de organizar la comisión de nuevos delitos.

Renovación 1 no es precisamente un ejemplo de cárcel de máxima seguridad y, sin embargo, el traslado de un reo clave, como el pandillero El Lobo, ha provocado una reacción virulenta de sus subordinados. Y sirve como ilustración de cuán podrido está el esquema político nacional y cuán intervinculados están los pandilleros con los intereses de los diputados que eligieron al Procurador de Derechos Humanos y a los Relatores contra la Tortura, puesto que ambas entidades se pusieron a la orden de El Lobo para ayudarlo a regresar a la cárcel donde puede delinquir con más comodidad.

Los guatemaltecos hemos visto cómo desde la época de Otto Pérez Molina se prometía la construcción de una cárcel de alta seguridad sin ningún éxito. El gobierno de Alejandro Giammattei planificó las obras en Masagua, Escuintla, pero dejó el proyecto larvado por errores administrativos. El gobierno de Bernardo Arévalo ha perdido ya dos años sin dar el primer piochazo para los trabajos. En comparación, Nayib Bukele construyó una cárcel semejante en su país en cosa de dos años.

Los guardias penitenciarios son tan permeables a la corrupción que en las cárceles nacionales se pueden organizar fiestas e invitar a prostitutas. Los directores de prisión viven entre la espada de los sobornos que les ofrecen los reos con poder económico y la pared que supone la amenaza de ataques armados en su contra o contra su familia.

Ningún sistema de justicia, en realidad ninguna democracia, puede funcionar apropiadamente si el Estado es incapaz de reducir a prisión -en condiciones de seguridad y respeto a sus derechos fundamentales- a sus delincuentes más peligrosos.

Pero el país se enfrenta a la inefectividad de sus gobernantes, incapaces de superar que la mediocridad de la burocracia y la lenidad de las mafias enquistadas en el organismo judicial y en los órganos de control. Y, por lo tanto, carece de la esperanza de contar con un sistema penitenciario eficaz.

Guatemala necesita que un proyecto político asuma la responsabilidad de construir ese sistema penitenciario y ponga al frente de la tarea a un cuadro dispuesto a romper lanzas y a dar todas las batallas necesarias hasta alcanzar el objetivo. Si el presidente Bernardo Arévalo carece de ese cuadro entre sus colaboradores, bien puede salir a buscarlo en otros grupos políticos.

El actual Presidente del Congreso, Nery Ramos, exdirector de la Policía, es un cuadro capacidtado para asumir esa tarea. Pero es difícil aventurar si tiene la disposición de ánimo para arriesgar prestigio y capital político en una tarea tan importante para el país. Y más difícil adivinar si el presidente Arévalo considerará relevante esforzarse por alcanzar un acuerdo para perseguir un objetivo de este tipo.

Nuestro sistema penitenciario requiere una transformación de fondo. Y el gobierno carece de quién lo asuma.