El presidente Rodrigo Chaves de Costa Rica pasa por un apremio político. La Fiscalía de su país investiga la reparación de una carretera que se ejecutó con prisa y se saltó, por lo tanto, varios requerimientos de transparencia exigidos en el procedimiento habitual. Los trabajos viales costaron menos de lo que originalmente estaba previsto. Y fueron concluidos con agilidad. Pero la Fiscalía encuentra motivos para investigar. Y los opositores en la Asamblea Legislativa sacan provecho del tema.
El presidente Chaves y la líder de su grupo parlamentario, Pilar Cisneros, se quejan a voz en cuello del uso del sistema de justicia para hostigar al gobierno.
Es en ese contexto que don Rodrigo se entera, presumiblemente por boca de su esposa, que acababa de coincidir con Lucrecia Peinado en una cita de primeras damas de la región en Panamá, que la situación es mucho peor en Guatemala. El presidente de Costa Rica pronto ventila el caso de la esposa de Bernardo Arévalo para subrayar el riesgo del uso de la justicia como mecanismo para doblegar a quien gobierna un país. Y dice correctamente: la Fiscalía de Guatemala es muy corrupta.
El gobierno del presidente Arévalo, en lugar de aprovechar la situación para denunciar las presiones y el hostigamiento del cual es objeto, prefiere negar lo evidente. Y al hacerlo comete un nuevo error, el enésimo, en el mismo sentido.
¿Quién le cree a estas alturas que él mismo no toma en serio las amenazas del net center -que funciona como cuenta alterna en redes sociales del Ministerio Público- y la información que recibe por medio de sus servicios de análisis e inteligencia en contra de la Primera Dama. Ella no es cuentadante, no hay fondos públicos bajo su administración, pero en un sistema de justicia tan pervertido como el de Guatemala, la ley y el tipo penal es lo que menos importan.
Por eso pudieron ahogar a su partido político, culpable de haber ganado las elecciones. Por eso le han tomado presos a funcionarios y correligionarios suyos, y procuran obligarlos a admitir cargos.
¿Quién ve normal o razonable que la esposa del gobernante salga del país y se ausente a lo largo de ocho semanas y solo lo explique cuando el presidente de un país amigo alude a su ausencia?
¿Quién no adivina que el Presidente se siente vulnerable y sometido a una presión que solo irá en aumento conforme se acerque el año 2026, durante el cual tendrán que definirse tanto la integración de la próxima Corte de Constitucionalidad como el nuevo Fiscal General de la República?
El Presidente no se hace fuerte ocultando que es objeto de presiones y amenazas. No contribuye a mejorar su posición frente a sus adversarios -a quienes ingenuamente creía que iba a conquistar con el peso de la banda presidencial, los acordes de la granadera y su bonhomía proverbial-.
Por el contrario. Sus enemigos se dan cuenta de cuánto más vulnerable se siente.
Bernardo Arévalo eligió una ruta desde el inicio de su gobierno que no solo lo lleva a incumplir con el mandato encomendado por el electorado. Procura eludir la batalla política que le corresponde. Y al hacerlo se muestra débil frente a quienes él hubiera querido persuadir de que el país puede vivir en una auténtica democracia mediante el correcto funcionamiento de sus instituciones.
Consuelo Porras y los magistrados constitucionales, en cambio, convencen a quien quiera ponerlo en duda que el poder real se encuentra en la fuerza del Ministerio Público y la sus resoluciones de la Corte.
El presidente de Costa Rica no expresaba ninguna crítica, sino pena, hacia su homólogo de Guatemala. Algo así como “miren al colmo que puede llegarse”.