Tan pronto como el Ministerio Público empezaba a difundir la información sobre el allanamiento a la finca El Nacimiento del expresidente Alejandro Giammattei, empezaron a surgir en las redes sociales y en los medios de comunicación las expresiones de desconfianza. Ya muy pocas personas le creen a esa institución. Ocho años de labor de Consuelo Porras han bastado para que una significativa mayoría informada desconfíe de cualquier cosa que haga.

Han sido demasiados casos en los que exfuncionarios o altos cargos públicos salen favorecidos por las decisiones de un juez, a partir de una práctica deliberadamente negligente de los fiscales como para confiar en ellos. Ha habido saboteo real de parte del MP en muchos procesos indiciados en los años en que sí se combatía la corrupción para favorecer a los corruptos. Los fiscales como el señor Curruchiche inspiran vergüenza y rechazo antes que respeto.

La explicación más socorrida después del allanamiento a la finca de Giammattei pues consiste en que se trata de una diligencia dirigida, como ocurrió con seis propiedades relacionadas con Miguel Martínez, a lavar precautoriamente ese patrimonio.

La presunción es que, una vez conocido el caso por la juez de extinción de dominio sea cual sea su decisión, esta puede ser apelada ante una Sala de Apelaciones y así quedar en firme. Si esa Sala -y sabemos que buena parte de ellas fueron integradas con el interés político de garantizar impunidad para la corrupción y persecución a quienes la combaten, ese patrimonio queda blindado frente a una acción futura.

La ley de Extinción de Dominio contempla que si el juez declara sin lugar o improcedente la acción y esa decisión queda firme (por la confirmación de una Sala de Apelaciones o por no ser recurrida [por el Ministerio Público o la Procuraduría General]), el caso sí opera como cosa juzgada en Extinción de Dominio respecto del mismo bien por la misma causa. Por lo tanto, el Estado no puede volver a accionar sobre el mismo bien. Solo cabría una nueva acción si se basa en hechos o causales distintas, o sobre otro bien.

Por esa razón, el Ministerio Público se estaría dedicando a proteger, con acciones falsamente punitivas, el patrimonio de la antigua pareja gobernante en este reino de la corrupción instalado en Guatemala. El Ministerio Público se abstiene hasta ahora de iniciar proceso contra Miguel Martínez o de solicitar levantamiento de antejuicio contra Alejandro Giammattei. Actúa sólo sobre las propiedades sin perseguir enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, las acciones de los concertados para proteger la corrupción dejan un flanco descubierto. Nunca se había visto fotografías explícitas, videos, de la riqueza acumulada a toda prisa por el presidente Giammattei. Un hombre que pasaba penas para pagar el alquiler antes de hacer gobierno se convirtió súbitamente en un padre capaz de proveer apartamentos nuevos a sus tres hijos. Además contaba con US$5 millones para construirse una casa de descanso. Y favorecía a su pareja con la construcción de un patrimonio que el guatemalteco común no logra acumular con una vida entera de trabajo.

Es la historia de nunca acabar en Guatemala. La mansión en Zaragoza de Pérez Molina, la finca en Panamá de Jorge Serrano y un largo etcétera si se toma en cuenta a quienes, a la sombra de ellos, y a costa de los contribuyentes guatemaltecos, exhiben con descaro, y con impunidad, merced a Consuelo Porras, sus fortunas recién adquiridas.