Si Alan Rodríguez, Felipe Alejos y Alvaro Arzú se han lanzado a conseguir el control de Congreso es porque hasta hoy han fracasado en sus intentos por echar mano del Presupuesto Nacional.

Si el Ministerio Público de Consuelo Porras busca en estos días el acta de toma de posesión de Bernardo Arévalo como Presidente de la República es porque querrá intentar de nuevo un proceso de antejuicio contra el gobernante. A ver si por fin logran deshacerse de él, pero lo tendrán difícil pues hasta mayo de 2025 no han logrado convencer más que al juez Freddy Orellana de que las elecciones en realidad las ganó uno de los candidatos que defienden la corrupción como objetivo fundamental de gobierno. A ver si ahora les surte. Porque hasta los magistrados constitucionales, comprometidos con el proyecto político de la impunidad para la corrupción pero avocados a ser vistos también como defensores del régimen republicano, la han tenido muy difícil para nadar en esas dos aguas. Las del uso del sistema penal para promover su objetivo político y las de la defensa del orden democrático a partir de unas votaciones en que la mayoría de electores rechazó a sus preferidos.

Los magistrados lo tienen difícil además porque contra toda su expectativa el gobierno estadounidense no ha comprado los argumentos mendaces y absurdos para justificar el Golpe. Otro fracaso a la cuenta.

Para los beneficiarios del asalto a los fondos públicos controlar el Congreso es necesario porque de esa manera pueden manejar la agenda legislativa a su gusto. Hacerse del control de la Comisión Legislativa de Finanzas les permite modificar y dictaminar cualquier iniciativa de Presupuesto y ajustarla a sus intereses reales. Y así ganar la junta directiva para el 2026, un año crucial para prolongar su control sobre el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad.

Hoy están muy a disgusto la mayoría de diputados porque esperaban que los fondos extraordiarios negociados para los Consejos Departamentales de Desarrollo fluyeran con más agilidad desde el ministerio de Finanza. Pero la insensatez y notorio  abuso en muchos de los proyectos propuestos ha hecho que el dinero se administre a cuenta gotas.

Por eso, no nos hagamos más venredemos.

En Guatemala hoy se libra una batalla -o escaramuza- más de la gran guerra iniciada antes de 2015.

Esa guerra ha unificado los intereses de los corruptos y los conservadores. Por un lado, echar mano del dinero de los impuestos. Por el otro, garantizar la impunidad para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra y prolongar el status quo.

El segundo objetivo lo han logrado a medias, aunque a un alto costo.

El primero, que tiende a ser el más determinante porque no se refiere sólo a la simbólica defensa de una victoria militar muy imperfecta, supone flujo de dinero constante. Y esto se les  ha hecho más elusivo desde que el partido Semilla les amargó la fiesta en 2023.

La reyerta del martes 29 de mayo en el Congreso la libraron con éxito los diputados del partido Semilla y sus escasos aliados. Y no fue precisamente la corriente de diputados oficialistas que favorece el Presidente la que se jugó otra vez el pellejo en el Pleno.

Sólo una coordinación efectiva entre Ejecutivo y la bancada Semilla puede garantizarle al oficialismo la mayoría suficiente para mantener el control del Congreso. El divorcio entre la bancada, o una parte mayoritaria de la bancada, y el Ejecutivo, sólo le facilitará el trabajo a quienes hasta hoy han fracasado pero no cejan en su esfuerzo.