“¡Que quede grabado!, Señor Juez, usted está cometiendo una ilegalidad ante otro juez de paz- juez de instancia, le corrige su abogado-. Es primera vez en Guatemala que un juez de primera instancia ordena el secuestro de un expediente a otro juez de primera instancia”
Con esas palabras desafió el General de Brigada del Ejército Érick Melgar Padilla al Juez Miguel Ángel Gálvez, después de que el juzgador ordenó su captura, ejecutada mientras el militar se encontraba en su casa de descanso en el puerto de San José.
Ese día su discurso ante el juez no surtió efecto y Gálvez lo envió a prisión provisional en la Guardia de Honor, mientras aclaraba si goza del derecho de antejuicio.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aclaró la duda: Érick Melgar Padilla no goza del derecho de antejuicio ya que los jueces de rango militar no integran el Consejo de la Carrera Judicial y, por lo tanto, pueden enfrentar a la justicia como cualquier ciudadano.
El general, hermano de uno de los principales asesores del presidente Jimmy Morales, es sospechoso de participar en el homicidio de su papá José Armando Melgar Padilla, por un conflicto familiar de tierras. El caso ha sido llamado Manipulación de Justicia, el Ministerio Público (MP) acusa al Melgar Padilla de desviar las investigaciones.
En febrero de este año Melgar Padilla fue citado por el juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez. Durante cuatro días no se supo nada de él, el Ministerio de la Defensa informó que se encontraba de vacaciones. El 16 febrero la jueza emitió orden de captura en su contra, la cual fue revocada 6 días después bajo el argumento de que gozaba de derecho de antejuicio por integrar un tribunal militar. La CSJ ha corregido ese criterio.
En agosto pasado Melgar Padilla estaba confiado también:
“Si me quieren investigar, que me quiten el derecho a antejuicio, ¿cuál es el problema?, si es tan simple eso. Que el pueblo de Guatemala entienda: yo no soy asesino, no he matado a mi papá”.
La jueza Domínguez es la misma juzgadora que favoreció al diputado Édgar Ovalle con anular su orden de arraigo, pese a que la Corte le levantó la inmunidad para que fuera investigado por crímenes de lesa humanidad.
Ovalle, prófugo de la justicia, era otro de los hombres cercanos al presidente Jimmy Morales al igual que el diputado Armando Melgar Padilla, quién mantiene congelados Q16 millones bajo sospecha de de lavado de dinero.
Ellos forman parte de la llamada “Juntita Militar”, quienes constituyen el círculo cercano al presidente y señalados de ser quienes dictan al mandatario el guión a seguir. Morales los ha protegido al nombrarlos en puestos clave que les proveen inmunidad. Y, sin embargo, la justicia va tras ellos.