En Guatemala funcionan paralelamente dos sistemas de justicia reconocidos por la Constitución Política de la República: la occidental u oficial y la indígena, esta último basado en el sentido común de las autoridades ancestrales elegidas por la comunidad que son quienes la aplican.

Ante la ausencia del Estado en muchas áreas del país, los alcaldes indígenas de los pueblos deben resolver los conflictos de sus habitantes y lo hacen mediante una investigación exprés que puede durar solo tres semanas, comenta Juan Zapeta, alcalde indígena de Santa Cruz, Quiché; un municipio a 160 kilómetros de la capital y con 78 mil 200 habitantes; el 83% mayas y con índice de analfabetismo de 75% según el ceso 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE). En esta comunidad existe preocupación: las correcciones se han hecho cada vez más frecuentes, comenta Zapeta.

Desafortunadamente entre enero y abril hubo solo 1 o 2 casos por mes, pero de abril para acá nos ha preocupado porque son 4 por mes.

Los delitos que se presentan en la mesa de las autoridades indígenas no varían de la justicia occidental: robos, problemas con linderos, violencia intrafamiliar, asesinatos u homicidios; pero el último año experimentaron algo:

Lo que más nos está preocupando ahorita son las deudas, es muy angustiante porque esto refleja la pobreza. ¿y por eso también hay corrección? El otro sistema dice que para deuda no hay prisión, para nosotros es diferente porque es un valor.

Condiciones precarias 

Algunos datos en el censo de este municipio pueden reflejar las condiciones: hay más mujeres que hombres con 52%, el índice de dependencia es de 65%, el promedio de personas por hogar es de 5 y las jefas de casa ocupan el 25%.

En la alcaldía indígena no hay datos de cuántas correcciones por deuda se han aplicado.

En Sololá por ejemplo la Defensoría de Personas Migrantes de la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) da seguimiento al juzgamiento de un prestamista colombiano. Bayron Paredes, de la Defensor de las Personas Indígenas dice que este es un usurero que se ha beneficiado de la comunidad:

Incluso amenazan con armas a las personas que no pueden pagar porque los intereses son altos, entonces una persona se animó a denunciarlo. La autoridad indígena lo manda a citar y le dicen “de aquí no se va a ir hasta que resolvamos”, él a presentado sus argumentos y han llegado a un acuerdo en él va a devolver cierta cantidad de dinero que supuestamente ha generado de esta forma”.

En la justicia indígena existen los procesos de conciliación, reparo y perdón a lo que le llaman Pixab, mientras que Xicay, son azotes que se dan a la espalda del acusado, con ramas de membrillo que se consideran medicinales y pretenden sanar a las personas. Zapeta, el alcalde indígena explica:

Hemos validado 5 números: el 5 tienen mucha relación con los 5 puntos cardinales porque para nosotros son 5.

A veces se aplican 9 que es por el tiempo que permanecemos en el vientre de nuestra y para nosotros es la purificación.

El 13, el 20 y el 40, dependiendo de la gravedad del delito.  y cuando es una violación o asesinato se aplica 40.

ConCriterio intentó hablar con personas que fueron corregidas por deudas, pero no responden el teléfono o evitan hablar del tema.

Crispín García, un comunitario de Santa Cruz, Quiché, responde la llamada de este reportero solo con el apercibimiento de la autoridad indígena. Este hombre es un albañil de 39 años, que como 7 de cada 10 vecinos de su municipio no fue a la escuela, tiene tres hijos el mayor de 10 y el menor de 4 años. Hace 5 años recibió la corrección maya: 13 azotes y pagar Q17 mil como reparación:

Uno siente vergüenza, nos amarraron 7 días y 13 azotes bien puestos.

Lo que hizo, le cuesta contarlo:

De trató un secuestro y de luego nos anduvo buscando la ley indígena, actuaron en silencio y nos encontraron y todos los daños lo tuvimos que pagar.

El comunitario que vivió la justicia maya, reflexiona:

Yo prefiero los azotes porque le dan seguimiento a uno, lo ayudan a encontrar un trabajo, verifican si entendió la corrección. En la ley civil los meten a la cárcel, los engordan y sale una peor.

En el país existe jurisprudencia sobre el juzgamiento en la justicia indígena y por lo tanto quienes pasan por este procedimiento no pueden ser juzgados por la justicia oficial. La PDH en ocho años solo documenta una denuncia sobre abusos en esta justicia, se trató de la aplicación de azotes a un niño de 12 años.