Gustavo Alejos, el operador político de Sandra Torres, enriquecido con millonarios contratos con el Estado por la venta de medicamentos y proyectos de construcción, es el hombre acusado también de cooptar el poder judicial en Guatemala. Alejos, fue ligado la semana pasada a un sexto caso judicial: esta vez por evadir la justicia. Y al momento de su captura el martes pasado, se inició una nueva carpeta judicial:
“Comisiones paralelas 2020: control político y judicial en manos de un privado de libertad”.
Ese presidiario es Alejos, quién abusó de un permiso de juez para recibir aparentemente un tratamiento médico. En noviembre dejó la prisión para internarse en una clínica de la zona 2, de la cual utilizó un ala para su centro de operaciones: por cinco días, se reunió una jueza de alto impacto que busca su reelección, dos postuladores que seleccionaron a los integrantes de la nómina del nuevo poder judicial y una vicepresidenta del Congreso que deberá elegir de ese listado, que se sospecha se elaboró en el centro hospitalario. Eso deberá revelarlo la investigación.
Hay elementos clave en manos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI): un libro azul cuyo contenido es aún desconocido, videograbaciones del hospital, testimonios y su teléfono celular.
¿Con quiénes se comunicaba? ¿qué documentos envió? O ¿qué instrucción dio y a quién?
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, hizo algunas anotaciones el día de la captura de Alejos:
Interesante es, en el momento que estaba la diligencia a los aparatos telefónicos ingresaban llamadas de un abogado “Dennis”.
El teléfono de Alejos fue incautado, pero: la persona no quiso proporcionar las claves pese a que existía un mandato de la juzgadora para el ingreso a los dispositivos móviles.
¿Cuán clave puede ser el celular de Alejos?
Mario Castañeda abogado litigante y exfiscal del Ministerio Público:
El teléfono es muy importante porque guarda mucha información y habla por sí mismo; da una línea muy grande para una defensa o una acusación.
A la pregunta: ¿debió Alejos entregar sus contraseñas a la fiscalía? Castañeda remite su respuesta a la doctrina:
Acá tendríamos que irnos a la protección constitucional que tienen las personas en no declarar contra sí mismo, eso está establecido en la Constitución y no puede ser violado.
Luis Pineda, analista político en tanto opina:
El Ministerio Público puede hacer una solicitud en la cual le pide a la persona, dueño del teléfono, que dé su contraseña. Si esta se niega, puede ser un tema de obstaculización de averiguación de la verdad.
Los esfuerzos del procesado pueden ser borrar la evidencia, pero de acuerdo con Pineda, esto no es tan sencillo, además:
Las nuevas tecnologías con la las que cuentan las fiscalías especializadas del MP permiten la recuperación de estos datos aunque hayan sido eliminados; sí existe cierto riesgo de que alguna información se pierda, pero la mayoría siempre se podrá recobrar.
Entonces, los expertos creen que será disposición judicial si se pide entregar las claves. La otra opción es solicitar la colaboración de la compañía que diseñó el teléfono, pero:
Ojo: por ejemplo, las políticas de Apple son muy estrictas y hay casos en EE.UU donde ha habido enfrentamiento en cortes entre la empresa y el FBI.
En efecto en 2016 un terrorista que mató a 14 personas en San Bernardino, California, EE.UU. no entregó sus contraseñas y durante semanas el FBI presentó órdenes judiciales, contrademandas y Apple se negó a desencriptar el teléfono, bajo el argumento de que se vulneraba la privacidad de sus clientes. Más tarde sin revelar cómo, el FBI logró extraer la información del móvil.
Al teléfono de Alejos, el día de su captura ingresaron mensajes de Romeo Monterrosa postulador de jueces, además una persona identificada como Dennis, quien se supone es Dennis Herrera Arita, otro comisionado que lo visitó en el sanatorio según lo documentó la fiscalía.