A dos décadas de privatizar la distribución de energía eléctrica, hay zonas remotas que aún viven a oscuras. Mientras las instituciones estatales destinaron los recursos para electrificar el área rural a la subvención de consumo de clases bajas y urbanas, para las empresas distribuidoras no resulta rentable invertir en infraestructura donde el consumo será reducido.

Hay que ser pacientes y perseverantes, intentar y reintentar durante días para que Alberto Chub responda su teléfono. A sus 48 años, este agricultor de maíz y cardamomo, padre de cinco hijos, vive en la aldea Seposil, en Chisec, Alta Verapaz, a 317 kilómetros de la capital. El día que contesta el celular es porque va camino a su casa, así que la señal alcanza para que hable pocos minutos, pero sustanciosos.

Su casa, de madera, no recibe energía eléctrica, aún cocinan con leña y el panel solar que posee le alcanza para alumbrar 3 bombillas

“Hay veces que está nublado y hay días que se queda lloviendo y oscuro entonces, es difícil. Si uno tiene una estufa o una computadora o equipo de sonido, eso no funciona.”

Chub es de los suertudos en la comunidad, dice Lisandro Mucu de 39 años, otro poblador de Seposil, padre de dos y además miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Chisec. Mucu asegura que solo los más adinerados pueden pagar paneles

“Aquí no hay internet, no hay señal, no hay energía eléctrica, así que estamos perdidos totalmente. Aquí se tiene que comprar cuatro candelas porque cuesta vivir así en la oscuridad.”

Alta Verapaz es el departamento con la menor cobertura de conexión eléctrica a nivel nacional  44.5%. Son 6 de 10 viviendas las que están excluidas del servicio.

La historia de Chub y Mucu representa al 11.9% de las casas en Guatemala sin servicio de energía eléctrica según el Censo 2018. Unas 388 mil casas a nivel nacional están desconectadas.

Rodrigo Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), expone

“Actualmente hay una zona muy concreta de Guatemala que concentra la mayor población sin acceso de energía eléctrica. Digamos es un corredor muy claro  el sur de Petén, el departamento de Alta Verapaz, el norte de Quiché, el norte de Huehuetenango y ciertas áreas de Izabal. Luego tenemos varios puntos regados, como lunarcitos, en oriente del país.”

En 2016, el índice de cobertura nacional, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), era mayor al actual, 92.06% vs. el 88.8% reportado en 2020 por el ministro Alberto Pimentel. Fernández explica el decrecimiento como resultado de la explosión demográfica y errores estadísticos en las cifras anteriores al 2017, pues eran proyecciones.

En 1996, Guatemala aprobó la Ley General de Electricidad, la cual trasladó la distribución de la energía eléctrica al sector privado. Carmen Urizar, exministra de Energía y Minas, participó en la elaboración de la norma y recuerda

“El proceso de modernización contempló tres cosas. Uno, era eliminar el monopolio legal que tenía el Inde.  El otro componente de la reforma que tal vez fue el más importante y ahí nace la ley general de electricidad, es que se iba a eliminar el monopolio, pero se iba a requerir una nueva normativa para evitar que se generaran monopolios en la parte privada. El tercer componente es que se creó el PER, Programa de Electrificación Rural.”

Carlos Colom, expresidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER) y de la CNEE, agrega

“Lo interesante es ver cómo estábamos antes de la modernización del sector… 5 de cada 10 guatemaltecos, un 50% de la población no tenía acceso a energía eléctrica antes de los 90s. Durante los primeros casi 10 años de la modernización, de 1996 al 2006, se pasó de electrificar 5 mil casas por año a electrificar cerca de 56 mil casas. 11 veces el ritmo de electrificación.”

La rápida expansión se debió a que la ley obligó a las empresas a extender su red a todas las viviendas a 200 metros de la punta de sus instalaciones, por lo que, a medida que las distribuidoras aumentaron su cobertura, las viviendas a su alrededor resultaron conectadas.

¿Por qué la expansión no abarca al 11.9% del país? Y ¿cómo se explican los expertos la deuda con esos hogares no electrificado? Son varios factores  por un lado, las empresas dejaron de expandirse porque era muy costoso. Expandir la red 10 km, por ejemplo, para llegar a 2 o 3 hogares que consumirán poca energía, no es redituable para las empresas.

Si a las compañías electrificadoras no les resulta beneficioso ¿por qué no llegó el Estado? Después de todo, la ley había creado un plan de electrificación. Colom expone que los recursos son escasos.

“Cuando vendieron las dos distribuidoras en el ’99, el Estado hizo el compromiso de decir ‘todo lo que ingrese al estado producto de la venta de las distribuidoras, lo vamos a invertir para electrificación rural’ y se creó un fideicomiso. Se crea el fideicomiso y se le inyectan US$101 millones de la venta, más US$232 millones porque la meta era llegar a US$333 millones que servirían para electrificar 270 mil nuevas viviendas.  Eso ayudó muchísimo, una ley puede ser muy buena, pero si no hay plata se complica.  Lo que ha limitado más el tema son los recursos. Para este plan de electrificación rural se metieron $333 millones y eso se acabó en su momento.”

Con el agotamiento del fideicomiso, el Programa de Electrificación Rural (PER) ya no pudo renovarse. Sumado a esto, Colom señala que el cambio en la política del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) en el año 2000 fruto de la Ley de la Tarifa Social para el suministro de la energía eléctrica llevó al Inde a subvencionar el consumo

“El Inde en lugar de subsidiar el acceso a la energía eléctrica, electrificar más comunidades, decidió como política del Estado, hacer aportes a la tarifa social para que se subsidiara el consumo. Y ahí se han ido $500-$700 millones en apoyar a la población que consume menos de 300kwh al mes, para que paguen menos por su factura de electricidad.”

German Canastuj, expresidente de los 48 cantones de Totonicapán, lamenta la privatización del servicio, pues ahora son las comunidades quienes deben pagar la infraestructura

“El Estado, si en todo caso, no tenía la capacidad de prestar un servicio de calidad, pues tampoco lo están haciendo las empresas que están distribuyendo energía eléctrica. No tenemos precios justos, las empresas no llegan a todos los lugares y si llegan, el costo que le piden a las personas es demasiado elevado, algo que no se puede pagar. Hay comunidades donde la gente tienen que costear los postes, el costo del traslado de los cables de alta tensión y si de alguna manera se desea mover un poste, las empresas están cobrando Q12 mil a Q15 mil.”

Mucu, el líder comunitario de Chisec, ha intentado conseguir electricidad para 10 comunidades en su municipio, pero el costo es impagable. El presupuesto es de Q35 mil 532 y él estima que el ingreso mensual de las familias es de Q1 mil 50, cuando hay empleo.

La meta del MEM para el período 2020-2024 es alcanzar el 93.5% de cobertura eléctrica. Al cuestionar sobre los esfuerzos para alcanzar a dichas comunidades, el ministro Pimentel explicó que la prioridad son los municipios en los 7 departamentos del país con menor cobertura.

“Estamos buscando optimizar los procedimientos internos que nos permitan evaluar las comunidades que necesitan este apoyo. También hemos realizado acercamientos con empresas distribuidoras para impulsar la inversión en electrificación.»