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El Ministerio Público (MP) lo acusó incluso de matar a un mono en la selva de Izabal, pero el Juez de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Fabián de León, liberó al exdiputado Leocadio Juracán y miembro del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) de ese y otros cargos. Quedó bajo arresto domiciliario, bajo caución de Q50 mil y permitió al MP investigarlo por invasión agravada y por supuestamente impedir un desalojo el 05 de marzo en la hacienda Jocoló en aquel departamento.
El MP no respondió a ConCriterio a las preguntas sobre el caso. La denuncia fue planteada por el empresario Adrián Byron Yuri Mota Vidaurre, a quien no fue posible contactar.
Wendy López, abogada de Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), defensora del excongresista, señaló:
- La orden de aprehensión no la pide el MP, sino la pide el que supuestamente es propietario de la finca.
La propiedad reclamada está en la comunidad Tebernales, Livingston, Izabal y 36 familias maya q’eqchi’ están asentadas allí. Pero la abogada de Juracán pone en duda la propiedad:
El mismo Registro de la Propiedad indica que no hay registro de la finca, porque están desaparecidos algunos folios y no pueden dar certeza jurídica de la propiedad. Pero eso no es problema nuestro, ni de Leocadio; es del Estado.
La denuncia contra el exdiputado surgió cuando el hijo del dueño de la finca afirmó que Juracán se opuso al desalojo, pero según la abogada:
Nosotros proporcionamos documentos que constatan que Leocadio estuvo en una reunión con la COPADEH y el Ministerio de Gobernación. Pero el juez determinó que había indicios y que lo iba a ligar a proceso por usurpación; por los otros delitos no, porque la misma fiscalía dijo que no encontró nada: eran incendio, tala de árboles, depredación de patrimonio, supuestamente por haber matado un mono.
Cierran denuncias
El observatorio de Derechos de la Propiedad, un ente independiente que se apoya con datos del MP, documentó entre 2018 y 2024, 14 mil 469 denuncias por usurpación de propiedades: el 99% fueron cerradas. Solo 50 casos recibieron sentencia; el resto, salidas alternas.
En los últimos 7 años se han ejecutado 241 desalojos: en 2020 y 2016 se produjeron menos, con 12 y 16 respectivamente; y en 2019 se reportaron 55. Guatemala, Alta Verapaz y San Marcos son los departamentos con mayor incidencia; Izabal ocupa la quinta posición con 15 desalojos.
El mes pasado el relator especial sobre derecho a la vivienda de la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó moratoria a todos los desalojos hasta garantizar las protecciones legales adecuadas y evitar violencia y tratos inhumanos.
ConCriterio preguntó a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia si el Gobierno otorgará la medida, pero no hubo respuesta.
Moratoria a desalojos
En febrero de 2024, Juan Castro, abogado del Bufete de los Pueblos Indígenas, expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acá un fragmento: “El problema es que en el marco de la firma de la paz, las comunidades retornaron a sus tierras y ahora son perseguidas y criminalizadas; comunidades enteras tienen órdenes de aprehensión y son acusadas de ser usurpadoras de la tierra que siempre fue de ellos…”
En entrevista con ConCriterio, Castro nos dice:
Lo que denunciamos es que hacen mal uso del derecho penal porque Guatemala tiene problemas estructurales y una de ellas es el acceso a la tierra y el reconocimiento de la propiedad ancestral de los pueblos indígenas. Primero se persigue penalmente a las comunidades y luego se averigua la certeza de las tierras.
La hacienda Jolocó, dedicada al cultivo de bananos, palma africana y caña de azúcar fue ocupada en 2019 y han existido varios intentos de liberarla con la presencia de unos 500 elementos de las fuerzas públicas.
La UDEFEGUA, reporta cada año en promedio unos 800 defensores criminalizados, también cada año se asesinan entre 15 y 25.
Cubilgüitz es solo el pico del iceberg: Guatemala registra conflictos de tierra cada semana