Tenía solo nueve meses de haber asumido la Presidencia de Guatemala. Era septiembre de 2016 cuando el mandatario Jimmy Morales ocupó las redes sociales para dar un mensaje que iba a marcar el rumbo de su gestión:

 “Hoy debo comunicarles una situación particularmente difícil (…)  uno de mis hijos me comentó que se había enterado de las acusaciones en contra de la entidad mercantil Fulanos y Menganos en donde él y uno de mis hermanos podrían tener alguna relación por unas cotizaciones de alimentos”.

Han pasado 2 años y 8 meses desde ese día y el proceso Botín Registro de la Propiedad, donde son juzgados por corrupción José Manuel Morales y Sammy Morles, hijo y hermano del Presidente, están en su fase final. La fiscalía está a un paso de presentar sus conclusiones sobre el caso.

Carlos de León, fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo del caso comenta sobre las diligencias de la audiencia  99 llevada a cabo ayer:

Fuimos convocados por el tribunal de sentencia a efecto de que las partes pudieran entregar los últimos órganos de prueba. Y esperamos en la próxima audiencia ofrecer prueba nueva para entrar a la fase de conclusiones.

Los pronósticos de la defensa eran que el juicio duraría hasta 2020, cuando Jimmy Morales ya no fuera presidente, “Yo solo diría que va a ser un juicio paradigmático en relación con tiempo” así previó Oscar Poroj, abogado de la familia presidencial en una antigua entrevista; pero su cálculo parece que no se cumplirá y conocerá la sentencia el próximo mes, por lo menos eso esperan los fiscales, aunque persiste la queja de que se ha avanzado a paso lento, así lo cree Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI. En parte la marcha lenta del proceso es porque las audiencias se han llevado a cabo cada 10 días, además:

No hay agilidad en el avance de las audiencias, han existido demasiadas medidas de coerción en el curso del debate, se ha tratado más de revisar esas medidas que de diligenciar prueba y ese es uno de los aspectos que nos preocupa.

Muchas de las acciones legales de las que habla Sandoval fueron para apartar del caso a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las cuales finalmente surtieron efecto y en enero de este año el Tribunal Décimo de Sentencia decidió ya no incorporarlos como querellantes; esto ocurrió luego de que el Presidente unilateralmente dio por terminado el mandato de la misión internacional.