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La política criminal antiextorsiones es fuerte, pero los criminales van adelante
Un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentado ayer en conferencia de prensa resalta que hay esfuerzos y avances en las instituciones de justicias para combatir el delito de extorsión, sin embargo, los pandilleros e imitadores, van un paso adelante y las actividades extorsivas repuntan. La Policía Nacional Civil cuenta con una División […]
Publicado el 22 Sep 2022

La política criminal antiextorsiones es fuerte, pero los criminales van adelante

Un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentado ayer en conferencia de prensa resalta que hay esfuerzos y avances en las instituciones de justicias para combatir el delito de extorsión, sin embargo, los pandilleros e imitadores, van un paso adelante y las actividades extorsivas repuntan.

La Policía Nacional Civil cuenta con una División especializada Antipandillas- Dipanda-, que está en departamentos donde surgieron extorsiones sistemáticas. El MP creó, en 2015, la Fiscalía contra las Extorsiones. Y cuenta ya con 11 sedes departamentales.

En 2020 empezó a funcionar un juzgado y tribunal especializado en el departamento de Guatemala y aunque es un avance, aún el 80% de los casos de extorsiones se atiende juzgados ordinarios. Corinne Dedik, investigadora del CIEN:

A partir del 2020 más de la mitad de las denuncias fueron recibidas en la sede de la fiscalía de sección y acá las victimas reciben atención especializada e inmediata y es importante que esta unidad haya adquirido esa importancia. Ante la evolución del delito adquirieron conocimiento especializado.

Los extorsionadores no se detienen e incursionan con más frecuencia en el acoso de actividades empresariales. El caso más reciente es el del Colegio Austriaco de Guatemala que debió suspender una de sus rutas ante la extorsión; otras empresas que han padecido son Movistar, agua Salvavidas, Fritolay y también en 2019 una camaronera en Champerico, Retalhuleu.

Sobre este último caso, la semana pasada Melcin Gabriel de León, fue condenado a 10 años de prisión inconmutables como principal responsable. El juicio probó que este pandillero solicitó a los empresarios Q193 mil. Aunque el hecho de llevar el proceso ante los tribunales, no detuvo las extorsiones en aquel lugar.

Pandillero condenado por actividad extorsiva a camaronera en Retalhuleu.

Luis Salguero, de 56 años e integrante de la Asociación Civil de Pescadores Marinos de Champerico, proveedores de la empresa, asegura que el crimen no se detiene:

El pez grande se come al pequeño, y uno no puede ponerse a pelear con esa gente -uno sabe quiénes son- pero no los puede chillar porque lo matan. La situación los tiene al borde, porque no pueden emprender refuta:

“Yo estoy pensando en irme para el extranjero, voy a pedir refugio. El problema es que ellos le ponen tal tarifa y si uno no les da, se ponen a molestar”.

Hay otro hecho que preocupa: el informe del CIEN apunta a que el 80% de las extorsiones son cometidas por imitadores y no por pandilleros. Corinne Dedik explica que entre 2005 y 2011 surgieron los imitadores, delincuentes comunes que observaron desde las cárceles cómo los pandilleros cometían extorsiones de forma fácil y así se involucraron: la diferencia es que estos grupos no son violentos y son más casuales. Pero representan un desafío para la justicia:

El hecho de que estén extorsionando desde el Sistema Penitenciario (SP), pero no tienen una estructura peligrosa atrás, no permite que el MP pueda identificar qué persona está llamando y eso se debe al desorden en las cárceles y, por lo mismo, estos casos no se pueden judicializar. Lo que se hace es cuando se determina que se trata de un imitador y que no hay peligro, el caso se concluye y es archivado. No es judicializado porque casi es imposible individualizar al delincuente.

Edgar Morales, fiscal de sección de la Fiscalía Contra Extorsiones, rechaza esa afirmación y dice que sí hay juzgamiento. No obstante:

Nos hemos encontrado con algunos criterios de jueces para juzgar a los cuentahabientes en las que se depositan el dinero ilícito: nos cambian la calificación jurídica de extorsión a encubrimiento propio, porque consideran que para eso, deben pertenecer a estructura criminal.

De acuerdo con el CIEN, de los 106 mil 700 casos acumulados entre 2010 y 2021, el 80% han sido concluidos – poco más de 85 mil casos-:

  • 68% fueron archivados
  • 24% desestimados
  • 6% tuvieron fin judicial, eso significa solo 5 mil 200 casos de los 85 mil recibieron una sentencia.

 

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