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La farmacéutica Lanquetin ha sido la favorita del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con 2 mil 819 contratos este 2025: en total Q668.2 millones. El 98% de los contratos de este año son con el IGSS y todos tienen una particularidad: están en la frontera de los Q90 mil, lo cual permite al Seguro Social la compra directa a la compañía.
El origen de su ventaja: los amparos judiciales ordenan compra para un grupo de pacientes, pero el Seguro Social lo aplicó al universo y la compra exclusiva de las marcas, eliminó la competencia.
A pesar de que la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó terminar con la adquisición exclusiva de ambos medicamentos a dicha empresa a principios de agosto, hace una semana el IGSS compró, de nuevo a Lanquetin, Plavix, para prevenir coágulos sanguíneos, y Aprovel, para tratar hipertensión, por Q428.5 millones.
Con dicha compra la Junta Directiva ignoró la orden judicial. El IGSS guarda silencio a las consultas sobre la compra a pesar de la orden judicial. Jorge Mario Hidalgo, secretario general del Sindicato de Trabajadores del IGSS: “Las malas interpretaciones –de los amparos– pueden ser que un amparo sea para 10 personas, pero ellos compran para 60 mil o dicen que compren tal medicamento, pero ellos privilegian a ciertas empresas y ahí hablamos de actos de corrupción, porque no se está cumpliendo con la ley de contrataciones del Estado”.
ConCriterio llamó a Lanquetín y solicitó hablar con Jorge Morales Portillo, representante legal de la compañía, pero indicaron que no se encontraba en las oficinas. De 2004 a la fecha, esta empresa ha vendido al Estado Q3 millardos, durante el último año del gobierno de Alejandro Giammattei, empezó su mejor año, aunque su picó fue en 2024 cuando percibió Q741.9 millones.
Favorecer la competencia
Édgar Balsells, exrepresenante de la Universidad de San Carlos, ante la Directiva del IGSS: “En tiempos de nuestra gestión fuimos muy cuidadosos de la “judicialización de la salud”, dado que impulsamos las “comisiones terapéuticas nacionales y locales”. Entiendo que incluso el IGSS no cuenta con el equipo de farmacoeconomía y las bioequivalencias que nos indican que hay medicamentos aprobados por la FDA que tienen una bioequivalencia similar y que pueden ser adquiridos. Recuerdo el medicamento Aprovel, la Junta de Licitación lo había aprobado por Q190 millones y nosotros a Q19 millones –o sea el mismo lote 10 veces mayor.
Aquello ocurrió en 2015, cuando los ojos de la justicia estaban puestos en el IGSS después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad reveló el llamado caso IGSS-Pisa que denunció una trama de sobornos para favorecer a un proveedor.
Nosotros incluso publicamos los nombres de doctores y despachos que recetaban esos medicamentos de marca, pero había una diferente Corte de Constitucionalidad (CC) –muy sensible– porque era el 2015. Había mucha presión.
El sindicalista señala que aunque el IGSS haya apelado el amparo, debieron cumplir y no hacerlo es ilegal:
Lo que se ve acá es cierto favoritismo a la empresa. Me imagino que debieron ser financistas del Gobierno anterior o no se que nexos tengan con el presidente del IGSS u otro funcionario que le dan mucho privilegio a esa empresa. Me imagino que en alguna investigación penal se tendrá que investigar.
Hidalgo señala que si el IGSS diversifica proveedores podría ahorrarse Q300 millones en la compra de estos dos productos. A este paso lo que van a provocar es la quebrar las finanzas del Instituto, por estar comprando Plavix y Aprovel sobrevalorados”.
Mientras que el exdirectivo del IGSS señala que el tema debe ser el estreno de la Superintendencia de Competencia.