El 13 de septiembre de 2017, mediante dos decretos, 130 diputados del Congreso de la República abrieron las puertas de los penales de Guatemala para que al menos 35% de convictos salieran de prisión con el pago fianza; además se protegía a políticos perseguido por la justicia. La presión ciudadana, provocó que dos días después los diputados se retractaran y derogaran esas leyes.
El pasado martes lo hicieron de nuevo cuando se aprobó la Ley de Aceptación de Cargos: los congresistas dejan abierta la posibilidad de que peligrosos prisioneros tengan salida expedita de las cárceles. La Corte de Constitucionalidad (CC) recibió ayer de acciones de amparo contra lo actuado por los diputados.
Carlos Bezarez, abogado constitucionalista es uno de los profesionales que accionó contra la aprobación del nuevo decreto:
Son varios agravios los que causaron:
Uno es el riesgo en que ponen a la justicia penal guatemalteca, lo que sucede es que si bien es cierto excluyeron algunos delitos, dejaron fuera otros que serían de importancia grande, por ejemplo: asociación ilícita, lavado de dinero, robo agravado, hurto, estafa, falsedad ideológica y materia, obstrucción extorsiva del tránsito. El resultado: un montón de mareros podrán salir de la cárcel.
En 2017 la aprobación de los dos decretos pretendía blindar a los secretarios generales de los partidos políticos y sus allegados en prisión. Para el abogado Bezarez, aquella historia vuelve a repetirse:
“Sumado a eso, la verdadera intención es liberar a los señalados por los delitos cometidos contra la administración pública. Esto va en dos vías: uno para beneficio propio o bien para terceros que han sido sus compañeros políticos, entonces no se puede legislar por intereses personales”.
A los delitos enumerados por Bezares se suman otros. Claudia Say, asesora jurídica de la fundación Alas de Mariposa comenta que existe preocupación porque el nuevo decreto va en detrimento de la persecución contra los delitos cometidos contra mujeres:
Aunque se incluyó femicidio que persigue la forma extrema de violencia contra la mujer no podemos negar que existen otras manifestaciones que son un preámbulo al asesinato de mujeres: violencia física, sexual, económica y psicológica; y si esas manifestaciones no quedaron tácitamente establecidas en la ley podrían aplicar a esos beneficios procesales a los agresores.
En 2017 tras las manifestaciones ciudadanas algunos congresistas debieron ofrecer perdón por la aprobación de los polémicos decretos.
La aprobación de esta ley fue posible con el voto de 81 diputados de las bancadas: FCN-Nación, TODOS, Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-, Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana, Partido Unionista, UCN.
