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Ley de Ciberdelincuencia “blinda a los políticos de la crítica hacia ellos”

Escrito por José Manuel Patzán

11 Ago, 2022

La ley de Prevención y Protección Contra la Ciberdelincuencia aprobada el 4 de agosto castiga actividades delictivas a través de medios digitales y redes sociales. No obstante diferentes gremios, el periodístico o la oposición política, señalan que hay artículos“inconstitucionales” pues solo procuran “blindar” a funcionarios para esconder actos de corrupción y afectar no solo a periodistas, sino a la población.

El artículo 19 de esta ley dice que comete delito de acoso por medios cibernéticos quien “intimide o asedie a personas con contenido falso o cruel” a través de las tecnologías de la información. También prohíbe la divulgación de información confidencial de una persona que afecte su honor, salud física o psicológica: “actuando o no de forma anónima y por cualquier sistema informático o medio de comunicación”. Quien infrinja lo establecido deberá pagar una multa de 40 a 500 salarios mínimos. Si la víctima es un niño o adolescente, la pena será de 2 o 3 años de prisión.

Con lo estipulado en estos artículos, no solo se ve afectado el periodista, sino cualquier persona que utilice imágenes de funcionarios para hacer bromas en redes sociales o elaborar los famosos “memes”, afirma Mario Recinos presidente de la APG.

«Y las redes sociales se prestan para eso, porque no solo es dirigido a los medios de comunicación, sino a la libertad de expresión de toda la sociedad, prácticamente están blindado a los políticos para que no haya una crítica hacia ellos».

Hay cuestiones que no están claras: por ejemplo, si la ley penaliza el acoso de los llamados “netcenters”, comúnmente anónimos en las redes sociales. Aldo Dávila, diputado que votó en contra de la aprobación de la ley, dice que son situaciones que están en el “limbo” y todos tomarán la ley como mejor les convenga.

Diputados del partido Vamos que votaron a favor de la ley como Duay Martínez o Carlos Roberto Calderón, no contestaron las llamadas de ConCriterio para obtener una postura.

Para Dávila, la ley de ciberdelincuencia junto con la iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública y que está en proceso de ser aprobada, solo se arma un paquete para callar a la población.

«Ya no se va poder decir nada en contra de los funcionarios porque se van a ir detenidos, si el presidente tiene dos dedos de frente, que por cierto es el rey de los memes por su pésima gestión, debería vetar la ley. Los artículos de esa ley son inconstitucionales y realmente el funcionario está expuesto a las críticas buenas o malas».

Cristian Álvarez, diputado de Compromiso Renovación y Orden (CREO).

«Puedes hacer un meme o sacar una foto a una persona que si eso se viraliza, te van a ir a buscar, pueden decir que dañaron su imagen».

El gremio periodístico y diputados de oposición señalan que la ley pretende «blindar» a funcionarios.

La iniciativa de ley 5601 fue presentada en 2017 por el entonces diputado del partido  TODOS, Rodrígo Valladares y en  2018 presentó algunas enmiendas, durante una entrevista con La Red noticias, Valladares intentó evadir la respuesta, pero luego afirmó que con esta ley un diputado puede demandar a la persona que le haya hecho una broma en redes sociales o un “meme” para burlarse de él.

La ley estipula delitos como ciberdelincuencia y fraude informático. El artículo 9 refiere que quien obtenga datos personales, familiares o comerciales de una persona sin autorización, contenidos en un sistema informático, puede enfrentar de 4 a 6 años de prisión y una multa de 40 a 200 salarios mínimos vigentes para actividades no agrícolas.

El presidente de la APG dice que si bien la ley es positiva, necesita modificaciones, por lo que el departamento jurídico de esa entidad sugerirá cambios, para evitar se embarguen los equipos de una redacción ante malinterpretación.

Para que la normativa cobre vigencia, debe ser sancionada por el presidente Alejandro Giammattei y publicada en el Diario Oficial, por lo que la Cámara Guatemalteca de Periodismo (APG) pide que sea vetada o retornada al Congreso para modificaciones.