Tilly Metz es la parlamentaria europea que promovió la resolución de condena a Guatemala por la persecución de Consuelo Porras y la Corte Suprema de Justicia a antiguos fiscales, jueces y a periodistas. Nació en Luxemburgo, tiene 54 años, pertenece al partido Verde de su país y vota junto al bloque de los ecologistas en el Parlamento. Rechaza ser comunista y ha propuesto también resoluciones contra el gobierno de Daniel Ortega en el Parlamento. Ella consiguió el apoyo de los social demócratas y de la izquierda para esa resolución, pero también de los liberales europeos considerados de derecha moderada en Europa. La decisión fue votada a mano alzada, gozó de amplia mayoría pese a los argumentos de conservadores y extremistas de derecha. La mayoría fue tal, que no llegó a requerirse el conteo de los votos y no hubo cuestionamiento sobre su aprobación. La resolución llama al país a reflexionar sobre el debilitamiento de su sistema de justicia y al cabo, de su democracia.

A Metz la ha sorprendido el volumen de ataques que recibió después de la resolución por medio de redes sociales. “Ni siquiera cuando he propuesto iniciativas en contra del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua o a favor de los derechos de animales que suelen ser muy rechazadas por granjeros y productores pecuarios había recibido tantos mensajes negativos. Es obvio que los defensores de lo que hace la Fiscal General se sienten afectados por esta resolución y tienen sus propios equipos de difusión en las redes”, dice.

En cambio, no le sorprende que el sector privado organizado adverse lo resuelto. “Ellos defienden su interés económico. Si tú ves solamente lo económico puedes pensar que Guatemala crece, pero la mayoría en el país está muy afectada por la corrupción. El Estado de Derecho se ve afectado por la persecución contra personas que luchan a favor de reducir la impunidad”, añade.

Al menos 15 fiscales y jueces anticorrupción han dejado Guatemala en los últimos 8 meses. Se trata de funcionarios de justicia que jugaron un rol clave en las investigaciones y juicios de alta corrupción relevados por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la Fiscalía Especial (FECI) desde 2015. La eurodiputada menciona directamente a Juan Francisco Sandoval.

Metz se identificó con Guatemala desde que, recién electa parlamentaria en 2017, una defensora del agua de origen Quiché, Lolita Chávez, fue propuesta al premio Sakharov del Parlamento Europeo. Chávez no obtuvo el galardón, pero quedó entre las finalistas.

“Esta es una resolución que gozó de amplia mayoría porque las cosas parecen muy obvias en Guatemala. Se destruye la democracia con la actitud de las autoridades. La concentración de poder y el riesgo que asumen las personas que combaten la corrupción simplemente son inaceptables”, sostiene.

“Nos preocupa también que se procure impedir que las organizaciones no gubernamentales funcionen en el país. Los europeos debemos comprender que es indispensable estar conscientes sobre el poder de la corrupción en Guatemala. La Unión Europea cuenta con acuerdos de asociación e instrumentos que pueden ser puestos en práctica para defender la democracia”, dice.

En minoría durante la votación del Parlamento, el diputado español Hermann Tersch aseguró que “…aquí se tendría que estar votando una resolución contra Cuba que tiene unas condenas enormes incluso contra menores de edad sólo por manifestarse. En cambio, se aprueba una resolución contra Guatemala que es uno de los pocos países que avanza en su institucionalidad, que tiene una historia de cooperación con Europa, un país que sí está dentro de nuestra órbita y no cómo los países que apoyan muchos de ustedes…”. El Parlamento Europeo ha emitido también condenas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua en otros momentos. Al conocerse la resolución respecto a Guatemala se conocían también mociones sancionatorias a Rusia y Corea del Norte.

“Los más derechistas no querían que esta resolución saliera adelante. Ellos habitualmente sólo quieren enfocarse en Cuba y Nicaragua y yo comparto sus críticas hacia esos países, pero Guatemala va también en un rumbo anti democrático y por eso se obtuvo el respaldo de los Liberales”, concluye.

El Parlamento Europeo está compuesto por 705 miembros. Según la parlamentaria Metz la resolución sobre Guatemala fue coauspiciada por la mayor parte de bloques excepto el Partido Popular Europeo (derechas) con 177 miembros.