Ashly y Marta Puac Xop, de 7 y 5 años, fueron víctimas en el accidente donde un bus extraurbano aplastó el vehículo en que viajaban en la zona 7 de Quetzaltenango. Las niñas están entre los 8 muertos que dejó la racha de accidentes la semana pasada en Mixco, Escuintla, Quetzaltenango y Quiché que dejaron al menos 15 heridos.
Los transportistas no cumplen las medidas preventivas vigentes para evitar percances y el Estado no muestra el poder coercitivo necesario para hacerlas cumplir.
Los familiares, vecinos y allegados de las víctimas exigen justicia. Daniel Puac es el padre de las dos niñas, que murieron el pasado 12 de enero. Hasta ahora se sabe que en ese percance Orlando Valdéz, de 20 años, portaba una licencia tipo A, que el departamento de Tránsito solo extiende a partir de los 23 años, se sospecha que conducía en estado de ebriedad. Y la empresa de transporte no paga el seguro de vida a los familiares y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) acompaña este caso.
La PDH dice que al parecer la empresa Esmeralda desconoce al conductor y la aseguradora se basa en que los decesos no fueron dentro del bus para no pagar el seguro. También se investiga cómo el conductor obtuvo la licencia y este lunes los transportistas tendrán una reunión con las partes afectadas.
Édgar Guerra, de la defensoría del usuario del transporte público de la PDH:
«Hay una corresponsabilidad legal del transportista dueño del vehículo, que de manera solidaria, debe cumplir».
Los bomberos municipales y voluntarios aseguran que el exceso de velocidad es la principal causa de accidentes en el país. En abril de 2019, mediante el acuerdo gubernativo 30-2019, el ministerio de Comunicaciones le dio vida a la ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, la cual ordena que los transportistas de buses y vehículos de carga coloquen en las bombas de inyección o en las computadoras de los vehículos, un dispositivo para evitar que sean conducidos a más de 80 km. por hora. Han pasado 3 años y los transportistas no cumplen esta disposición.
La Dirección General de Seguridad y Protección Vial (Provial) registra que de 171 mil cabezales que circulan en el país, el mecanismo solo ha sido colocado en 10 mil y otros buses. El procedimiento quedó suspendido ante protestas de transportistas y con la llegada de la pandemia, pero la medida sigue vigente.
Juan Carlos Aquino, vocero de Provial:
«Por el tipo de topografía, en Guatemala no se puede circular a más de 80 kilómetros por hora. En las pendientes pronunciadas y curvas se reduce hasta 30 kilómetros por hora pero los pilotos de buses son los que más abusan de la velocidad».
Los transportistas, de su lado, alegan que esos dispositivos cuestan entre Q1 mil 200 y Q4 mil, según el modelo del vehículo y, aseguran que estos solo dañan los motores.
Itiel Ordónez, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Fenatrex), afirma que la disposición solo es un negocio del gobierno.
«No dejan que se instale en cualquier negocio donde esté a la venta, tiene que ser donde ellos dicen».
Transportistas se oponen a instalar un dispositivo o modificar la bomba de inyección de los buses y camiones para evitar que sean conducidos a más de 80 kilómetros por hora.
Por su parte Édgar Guerra dice que son 6 millones de usuarios que a diario corren el peligro de accidentarse en buses extraurbanos que carecen de seguro vigente, pues solo lo pagan por tres meses previo a la Semana Santa.
El Reglamento de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera emitido en 2012 por la DGTE también establece que los buses con 25 años de haber sido fabricados ya no podrán circular para minimizar el riesgo de accidentes. Pero desde esa fecha el ministerio de Comunicaciones ha otorgado prórrogas a los transportistas para que cumplan.
Según el departamento de Tránsito de la PNC en 2021 hubo 1 mil 940 muertos en accidentes de tránsito y 2 mil 111 por arma de fuego –una diferencia de 171 víctimas. En los percances también se involucraron 240 buses extraurbanos.