La sospecha de soborno a diputados para aprobar leyes a su favor, los allanamientos en las oficinas centrales de la compañía, el señalamiento de espionaje a uno de sus directivos y la investigación por un usufructo irregular de frecuencia para telefonía, son los casos que precedieron a Tigo Guatemala antes que entregara el 55% de sus acciones a su socio Millicom.
Este grupo sueco, con 31 años de presencia en el mercado de comunicación móvil e internet en Guatemala, anunció el viernes que pagó US $2.2 millardos por las acciones de Tigo. Y con esta transacción, Millicom se asegura como el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones en Centroamérica.
La compra de estas acciones serán imperceptibles para el usuario, cree Paúl Boteo, director de la Fundación Libertad y Desarrollo, pero este economista también considera que es momento para cambios.
“Estamos atrasados al no tener banda 5G y todavía tenemos que alcanzar mayores niveles de usuarios. Guatemala posiblemente sea el país de América Latina que menos usuarios tiene de redes sociales porque la gente no tiene teléfonos inteligentes y estas empresas tienen potencial de aumentar ese crecimiento”.
Allan Ruíz, especialista en Telecomunicaciones y tecnologías digitales, dice que el principal desafío está en el área rural.
“El reto es poner a disposición espectro, sin afectar demasiado los costos, que se apliquen para temas de productividad en la provincia. Lograr mayor infraestructura para banda ancha como torres y fibra óptica, adaptada en ductos bajo carreteras o en tendidos de luz eléctrica y apuntarle más a la tecnología satelital”.
Tigo es el principal actor de comunicación móvil con 11,6 millones de suscriptores en Guatemala y el principal proveedor de Internet de banda ancha con 392 mil clientes, pero también es la compañía en su rama con más expedientes en el Ministerio Público (MP).
Mucho de esa expansión y liderazgo se logró con la venia de gobernantes: la muestra más evidente es una ley aprobada en 2014 que abrió la vía para que Tigo instalara antenas telefónicas en todo el país sin necesidad de la venia de Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), revelaron que entre 2012 y 2015, Tigo y la exvicepresidenta Roxana Baldetti enviaban Q50 mil bimestrales, los cuales llamaban en clave “champurradas”, y que enviaban para comprar voluntades de los diputados del PP y otros congresistas para la aprobación de esa ley.
El dinero para los sobornos, según las investigaciones, salía desde las oficinas de Acisclo Valladares Urruela, directivo de la telefónica y exministro de Economía, quien además fue señalado en 2017 de aprovechar su posición para escuchar las llamadas telefónicas de opositores del oficialismo y civiles, entre ellos su esposa.
Guatemala tiene varios desafíos en telecomunicaciones, especialmente en el área rural, dicen expertos.
El 20 de noviembre de 2012, el Congreso aprobó la prórroga de las frecuencias radioeléctricas por 25 años, sin que radios y empresas telefónicas pagaran al Estado por usarlas. Las pesquisas revelaron que Tigo también logró en 2010 que no aprobaran un impuesto a la telefonía móvil. Y en 2020 el MP abrió una nueva investigación contra la SIT por entregar 30 de 90 megahertz de la frecuencia 4G para uso de telefonía móvil y, en una aparente legalidad, Tigo los recibió sin competir en subasta.
Ante los señalamientos contra Tigo, Millicom contrató a la firma de abogados Covington & Burling, quienes realizaron la evaluación del caso y concluyeron que no se había incurrido en pagos indebidos a terceros y no se habían violado las políticas de cumplimiento, ni los procedimientos establecidos por esa corporación con sede en Luxemburgo.