Revisar los listados de candidatos a los cargos de elección popular del presente proceso electoral parece pasar lista a la llamada “vieja política”: donde personajes aspiran a colocarse en los espacios de poder público para satisfacer ya sea intereses personales o grupales.

La situación parece agravarse y lo mencionaba en septiembre 2015  Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), quien advirtió de la incursión de estructuras criminales en los procesos de elección. Ya no solo con financiamiento, sino con la nominación de candidatos:

Se identifican distintas formas de relacionamiento de los grupos criminales con la política. La primera consiste en el financiamiento  a cambio de protección para mantener sus negocios e información para estar al tanto de cualquier acción en su contra. Sin embargo, buscan ocupar posiciones clave en  el Estado que les permita la diversificación de negocios y el control parcial o influencia de la institucionalidad de seguridad y justicia.

Y así fue: en los actuales listados de aspirantes a cargos públicos hay tres personas con vínculos con el narcotráfico. Dos condenados en Estados Unidos y uno más a quien la CICIG identificó en un informe de 2015 sobre financiamiento. Ellos son:

• Arnoldo Vargas:

Exalcalde de Zacapa entre 1986 y 1990, sentenciado a 30 años de cárcel en la Unión Americana, como encargado de almacenar la droga proveniente de Colombia, a su paso hacia los EE.UU. Vargas fue inscrito por la delegación del Registro de Ciudadanos de Zacapa, sin embargo, la delegación central ha dicho que revisarán el caso.

• José Armando Ubico:

Actual diputado del Congreso de la República, condenado en 2003 en EE.UU a 3 años y 8 meses de prisión, por tráfico de drogas. La semana pasada, su nombre apareció en la lista de funcionarios vinculados con corrupción, identificados  por el gobierno estadounidense. Ubico fue inscrito por el Registro de Ciudadanos en busca de su reelección con el partido TODOS. Leopoldo Guerra encargado de las inscripciones justificó que no se tuvo ningún informe que impidiera la validación de su expediente.

• Esduin Jerson Javier Javier, conocido como “tres kiebres”

Es el actual alcalde de Ipala, Chiquimula, en las elecciones 2015, no tuvo contendientes, pues uno a uno se fueron separando de la competencia, aparentemente por temor y amenazas del hoy alcalde. El alcalde ya ha sido inscrito como candidato y en esta contienda cuenta con un competidor de Encuentro Por Guatemala.

En 2015 así se refería el jefe de la CICIG, sobre él:

Un caso paradigmático es el que se presenta con el señor Esduin Jerson Javier Javier, conocido como “tres kiebres” que se ha postulado como candidato a alcalde del municipio de Ipala, Chiquimula. Es un caso ilustrativo, porque se trata de un empresario que ha sido constructor de obra pública y posee un canal de cable.

Lavado de Dinero

Dos candidatos en contienda tienen algo en común, fueron acusados de lavado de dinero:

Expreidente Alfonso Portillo fue condenado por lavado de dinero. Foto: Fabricio Alonzo.

Alfonso Portillo

El expresidente de Guatemala fue condenado en EE.UU en 2014 por lavado de dinero y por recibir US$2.5 millones en sobornos del gobierno de Taiwan. Su candidatura como diputado fue rechazada en 2015 y  este año vuelve a postularse con el partido Bien. Una magistrada del TSE que declinó que su nombre fuera mencionado en esta nota dijo que el exmandatario no será inscrito ya que no ha cumplido el tiempo de prohibición que tiene para optar a un cargo público. Mientras que Portillo cuestiona:

“Por qué le permite ser candidato a personas que están en las mismas situación  que yo, de haber pagado una condena en los EE.UU”.

Mario Rivera

Exdiputado Mario Rivera al momento de ser conducido por la PNC.

Es exdiputado  y candidato para su reelección por el distrito de Quiché por el partido Podemos. Rivera fue capturado en 2018 bajo sospechas de lavado de dinero, a la fecha no ha sido vencido en juicio, se encuentra bajo arresto domiciliar, pero con proceso abierto. Estos últimos,  serán casos que deberá revisar el Registrador, al igual que los diputados que buscan su reelección y que están vinculados a procesos penales, sobre estos casos Guerra se pronunció:

El simple hecho que le retire la inmunidad no le imposibilita participar, lo que si puede frenar su inscripción es que un juez ordenara su aprehensión, su detención o lo ligaran a un proceso penal.

Othmar Sánchez y Gustavo Medrano son dos diputados vinculados con actos de corrupción a quienes les fue retirada su inmunidad, lograron por medio de amparos frenar su proceso penal y así quedaron inscritos.