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Narcotráfico: los aviones de lujo caídos, tienen un solo camino… quemarlos

Escrito por José Manuel Patzán

9 Nov, 2021

Este año 17 narcoaviones, siete de estos jets de lujo, han caído en diferentes puntos del país, especialmente en Petén,Izabal y Retalhuleu. Todos han sido incinerados en el marco legal, señala el Ministerio Público (MP), y agrega que es inconveniente que el Estado haga uso de ellos.

Los jets han sido utilizados por los cárteles de la droga para trasladar cocaína en los últimos tres años, según registros de la agencia antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC). Los aviones de lujo, localizados hasta ahora, son similares al incinerado el 5 de noviembre último en Champerico, Retalhuleu: con un costo mínimo de US$3 millones, equivalentes a Q21 millones.

Tienen 21 asientos y 2 motores a propulsión que alcanzan una velocidad máxima de 928 kilómetros por hora. Su capacidad de carga llega incluso a las tres toneladas de cocaína si les retiran los asientos. Esos atractivos convierten al jet en la nave recurrida para que los narcotraficantes burlen los controles aéreos.

Las fotografías en redes sociales sobre el jet localizado en Champerico, aparentemente en perfectas condiciones antes de ser incinerado, creó interrogantes ¿Por qué no es aprovechado por el gobierno para otros fines? El coronel Rubén Tellez, vocero del Ejército, dice que las naves tienen registros alterados, el fuselaje y el sistema de combustible modificado para ser abastecidos durante el viaje y soportar viajes largos pues provienen de Colombia o Venezuela.

También se les modifica el tren de aterrizaje para descender en terrenos no preparados y eso les provoca daños en la estructura, así que son calificados como no utilizables e inseguros.

“No tienen registro de mantenimiento y aunque lo tengan, las modificaciones que le hacen los narcotraficantes le botan todos los criterio de mantenimiento. La aeronave debe ser sometida a una revisión completa, se debe desarmar el motor para revisar cómo están las partes y, si es necesario, se debe cambiar todo. Es un gasto oneroso, ya después se puede certificar como avión seguro para el vuelo, pero no creo que haya un ministerio que quiera gastar en eso”.

Entre enero y el 31 de mayo de este año, el ministerio de la Defensa contó 13 narcoavionetas abandonadas, algunas con droga y otras vacías e incineradas por los propios narcotraficantes. Después de esa fecha el Gobierno celebró 100 días de no haber permitido el ingreso de narcoavionetas

Nuevamente y en menos de una semana han sido localizados dos narcoaviones, el de Champerico el 5 de noviembre último y una avioneta el pasado domingo en Sayaxché, Péten, donde se decomisaron 35 kilos de cocaína y fueron detenidas seis personas.

Según datos del ministerio de la Defensa, de las 38 aeronaves localizadas en 2020, 18 eran de motor a propulsión o tipo jet.

Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, refiere que la práctica de incinerar los narcoaviones siempre ha existido a excepción de las aeronaves incautadas en casos de corrupción o crimen organizado que no son localizadas en pistas clandestinas, porque están en uso y pueden ser utilizadas por el Gobierno por medio de la Ley de Extinción de Dominio.

Pantaleón asevera que no es necesaria una orden de juez para incinerar las avionetas según regulaciones internacionales, siempre y cuando se cumplan los protocolos de investigación que consiste en inspeccionar minuciosamente la aeronave, recabar información de registros y todas las pruebas necesarias sobre su utilización.

“Es un riesgo dejar una avioneta en un área remota porque la podrían volver a utilizar o le podrían quitar piezas para otras aeronaves y por su condición no pueden ser utilizadas”.

Los narcoaviones son quemados al ser calificados como inseguros para volver a ser utilizados.

Haroldo Vásquez Flores, vicepresidente de la Asociación de Jueces por la Integridad indica que es complejo decir si se recabó toda la información relacionada a la avioneta.

“Lo que tendríamos de observar es que que se tiene que poner a disposición de un órgano jurisdiccional en donde se vaya a realizar una investigación correspondiente toda evidencia que sea útil para la investigación y sea el juez contralor que disponga en qué momento se puede destruir o no una evidencia”.

Guatemala cuenta con tres radares para detectar vuelos ilegales, aunque en mayo de 2018, fueron arrestados cinco trabajadores de la Dirección de Aeronáutica Civil involucrados con el aterrizaje de una avioneta que trasladaba precursores químicos para la elaboración de anfetaminas.