La captura de 54 guatemaltecos con orden de extradición hacia Estados Unidos por delitos de narcotráfico durante 2021, evidencia una estrategia de Estados Unidos que procura colaboradores eficaces para delatar a líderes de estructuras criminales, aunque hasta ahora solo se ha detenido a quienes “no toman decisiones importantes”.

La cifra de detenidos la ha destacado el gobierno  como un logro por las operaciones efectuadas entre el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC),  aunque según expertos pareciera que se buscan capos entre “bandas desarticuladas”.

Walter Menchú, analista en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), cree que las capturas evidencian una estrategia de autoridades antinarcóticas estadounidenses para desarticular estructuras criminales con los testimonios de los primeros detenidos, pero solo han capturado mandos de perfil bajo, al servicio de líderes que nunca caerán.

“Pareciera que hay una flexibilidad bastante grande en los tribunales de Estados Unidos donde se hacen acuerdos para que los detenidos otorguen información a cambio de que se les reduzca la sentencia hasta la mitad. Lo que se ve es que que las capturas no llegan a niveles más grandes, se conoce que hay estructuras que están tras bambalinas en algunas instituciones del Estado, que al final siguen incrustadas y seguirán blindadas”.

Menchú dice que hay factores políticos que han influido en la captura de los extraditables y se quiere generar un ambiente de convivencia, puesto que  años atrás hubo factores que  influyeron en que la captura de extraditables fuera menor, especialmente durante el gobierno de Jimmy Morales, puesto que antes de  2021 aquel país no reclamó más de 20 en extradición: en 2020 fueron 15; en 2019, 20; y en 2018 fueron 8.

“La no renovación de la Comisión Internacional Contra la Cicig y el gobierno de Donald Trump provocaron que no se enfocaran en la persecución del narcotráfico. Ahora, a pesar de que Guatemala no fue invitada a una cumbre y aunque las relaciones diplomáticas no son las mismas con Salvador y Nicaragua, es mayor la convivencia con Guatemala y quieren que se mantenga”.

Según datos de la PNC, durante el gobierno de Jimmy Morales se incrementaron las incautaciones de droga, la cifra más alta hasta ahora desde el 2000 ha sido en 2019 con 18 mil 900 kilos de cocaína incautados.

Los extraditables han sido detenidos en distintos puntos del país.

Investigadores antinarcóticos de la PNC refieren que los extraditables capturados este año, solo “supervisan que la droga llegue a su destino, pero no toman decisiones importantes”.

Entre los detenidos este año figuran, Mario Iván Amézquita Mérida, alias el Chato; Alfredo Ramón Marroquín Escobar, de 43 años, y Alfredo Solares Mejía, 45. Los tres fueron detenidos en San Marcos, señalados de almacenar y transportar los cargamentos de cocaína que sería trasladada hacia México. 

Según la acusación, Amézquita Mérida recibía “grandes” cargamentos de cocaína desde Suramérica, la cual llegaba a las costas de Honduras o Guatemala y era trasladada vía terrestre hacia México. 

Gerson Blas Muñoz Cifuentes, alias el Duke, capturado en La Esperanza, Quetzaltenango, trasegó cocaína desde Colombia entre el 2015 y 2016 e incluso compraba la droga para venderla a estructuras en Guatemala.

Julio Rivera Clavería, ex viceministro de Gobernación, dice que a pesar de los perfiles, todos los capturados pertenecen a bandas atomizadas producto de la captura de capos que estaban al servicio de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México.

“En Guatemala ya solo hay bandas que trabajan para los cárteles de México. Estas se han desplazado en grupos. Las extradiciones al final no dan los resultados deseados porque el trasiego de narcóticos no desciende”.

Según el Ministerio de la Defensa, hasta noviembre de este año se han decomisado 6 toneladas de cocaína en diferentes operativos donde participó el ejército. mientras que la PNC este año reporta 10 mil 857 kilos incautados la mayoría en Petén. 

Un informe de la Oficina Contra la Droga y el Delito de la  Organización de Naciones Unidas (ONU)  refiere que los países centroamericanos controlan el 90 por ciento de las operaciones para que la droga sea trasladada a México y luego a Estados Unidos.