Los embates de la Fiscal General Consuelo Porras al proceso electoral no se detienen. Ayer la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, emplazó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que en cinco días remita los nombres de los digitadores contratados para transmitir los datos de las elecciones generales.
Los abogados se autocensuran y declinan hablar al micrófono, pero afirman que “el orden Constitucional ya se rompió”. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida el miércoles, de hecho, se enfocó en las acciones del Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El miércoles, Sebastián Kraljevich, representante de Chile ante OEA:
“Esta sesión que solicitamos en conjunto siete países no puede entenderse de forma aislada, es con dos mensajes muy claros:
- El primero de preocupación por las acciones que han interferido en las elecciones de Guatemala. El informe de la OEA llamó “extrema judicialización del proceso” afirmando que no hay certeza jurídica y la posibilidad de exclusión de una de las opciones y los efectos de las investigaciones penales.
- Pero no solo es preocupación. El mensaje que queremos enviar al Estado de Guatemala, es que no debe haber más interferencia y más cuando los ciudadanos están tomando decisiones respecto de su voto.
Irma Palencia, presidenta del TSE, ante la OEA declaró que la “fiesta cívica duró poco” por las acciones del MP y reprochó que policías con rostos cubiertos allanaran la sede del TSE.
El representante de Bolivia, Héctor Arce, alertó que Guatemala camina hacia la crisis constitucional de su país en 2019:
“Si a una organización se le ha permitido constituirse y obtener personería jurídica, presentar candidatos y participar en elecciones, no resulta legal y legítimo que con posterioridad se le hagan cuestionamientos de índole legal, que no fueron advertidos y que más bien parece una reacción a un resultado electoral no esperado”.
La OEA está integrada por 35 países. En la sesión representantes de 14 Estados mostraron su preocupación por la situación de Guatemala.
El representante de Uruguay, Washington Abdala:
No es muy común que todos los miembros del Consejo Permanente tengan un grado de convergencia; sin embargo, nos estamos encontrando en un punto de inflexión en que todos estamos diciendo lo mismo. Lo que estamos haciendo es: hay que velar por el profundo sentido de la defensa de la democracia. El informe de la presidenta del TSE es muy sorprendente, sus expresiones son importantes: “poco duró el clima favorable”.
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista:
El esfuerzo es entre el círculo presidencial y Ministerio Público, solo buscan entorpecer el proceso de elecciones, declararlo nulo y volver a convocar con todo lo que esto significa.
La invitación de Alejandro Giammatttei a Luis Almagro, secretario general de OEA, para visitar Guatemala, es considerada como una estrategia del mandatario para evitar mayor desgaste. Orellana añade:
Ellos consideran que sí Ortega pudo ¿por qué no lo van a hacer ellos? Todas esas experiencias han creado conciencia y en Guatemala, si la primera vuelta se ganó bien, hay que defender el sistema.
El abogado considera que si el esfuerzo antidemocrático continúa, no tardarán las sanciones internacionales. Entre ellas prevé: negarle a Guatemala el acceso a organismos financieros, ruptura de relaciones y expulsión de organismos internacionales. Solo EE.UU. puede suspender el envío de remesas o prohibir transacciones bancarias.