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Allan Rodríguez, expresidente del Congreso y diputado de Sololá, no perdona que el presidente Bernardo Arévalo haya cerrado la llave de pagos en  el Ministerio de Comunicaciones a las empresas constructoras a las que favoreció Alejandro Gimmattei, con contratos millonarios y en las que se incluyeron presuntos exsocios suyos. Ante eso  reprocha: “Hace unos días destituyó a la ministra de Comunicaciones, porque le pagó a algunas empresas… y hoy mandan una ampliación presupuestaria sin criterio alguno, ¿por qué un municipio tiene Q40 millones y otro Q140 mil?, no es posible… Yo invito al ministro de Finanzas y al Presidente a que nos digan cuál fue el criterio que utilizó en la distribución de los recursos en los 340 municipios”  

La otra causa de enojo de Rodríguez consiste en que funcionarios del gobierno de Arévalo se hayan reunido con diputados de distintos bloques legislativos -incluyendo colegas suyos de bancada-, para discutir la ampliación presupuestaria por Q14.5 millardos. Esta ampliación contempla un incremento para proyectos a cargo de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), en sus respectivos distritos. Sandra Jovel, diputada de VALOR, secundó: “Se llenaron la boca con la corrupción y que ellos no iban a hacer lo mismo que hicieron otros gobiernos, y están buscando una ampliación presupuestaria que tiene a todas luces errores”.

Los diputados opositores buscan bloquear la aprobación de la ampliación del presupuesto. Su protesta se da al mismo tiempo que se activan diligencias del Ministerio Público (MP), que hacen eco de las insinuaciones de los opositores de supuestos pagos a diputados para votar a favor del Gobierno. La Fiscalía Contra la Corrupción intentó llegar al despacho ministerial de Jonathan Menkos, titular de la cartera del Tesoro, con la intención de secuestrar información por las reuniones con diputados, pero  los investigadores no fueron admitidos en esas oficinas porque el ministro Menkos goza de antejuicio.

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Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), señala que es válido y común en el mundo que los diputados procuren y hagan acuerdos para que las obras lleguen a los distritos que los eligieron:

En el sentido profundo del sistema de COCODES, eso es válido. Perfecto, un diputado distrital debe interesarse en que haya obra para sus regiones, siempre y cuando podamos vigilar que no se aun puente que lo va a construir, su sobrina o su hermano, que esos intereses no se mezclen; no obstante, esto en esta fase no se puede anticipar, sino solo con el seguimiento de la auditoría social y la Contraloría de Cuentas, para que eso no se dé,  porque eso es lo que la ciudadanía señala que ha sido una práctica común; entonces para mí tiene un condicionante que los distritales quieran llevar obra a sus comunidades pero: tiene que ser bien hecha, transparente y no por antojo.  

Durante la gestión Giammattei, 13 empresas de la exsocia de Allan Rodríguez recibieron en cuatro años, contratos por Q188 millones. Allan Rodríguez se conduce ahora en helicóptero entre la ciudad de Guatemala y el distrito que lo eligió, Sololá. 

Diputado Allan Rodríguez y el expresidente Alejandro Giammattei.

Ese mismo gobierno otorgó a empresas de familiares de Fredy Chojolán, exdirector de CAMINOS, contratos por Q143 millones. Han pasado los años y la gestión de Consuelo Porras no investigó esas denuncias; tampoco aquella que presentó el 11 de enero de este año   la alcaldía indígena de Sololá, cuando denunció a Rodríguez de entregar pagos a diputados para controlar la nueva legislatura.

El MP se limitó a responder que las acciones del martes en Finanzas, buscan determinar posibles delitos de abuso de autoridad y cohecho activo, por información recibida de probable ofrecimiento de dinero a diputados. Allán Rodríguez, cuestionó de nuevo ayer al ministro Menkos sobre sus reuniones con Congresistas; además, aseguro que debido a  los retrasos del Ejecutivo en los nombramientos de gobernadores la ampliación presupuestaria  no podría ejecutarse.

Javier Monterroso, exsecretario del MP, interpreta las acciones del MP, en el ministerio de Finanzas.

Si lo que se está investigando es un ofrecimiento de corrupción y lo que se quiere probar es que el ministro ofreció algo, tendrán que tener testigos, cámaras que muestren quiénes entraron al 18 nivel, si solo se quiere probar el ofrecimiento. Si lo que se buscar es comprobar el desembolso -así como se hizo con la Ley Tigo-, ahí se necesita que los diputados voten. Si es un caso de cohecho pasivo y tráfico de influencias, no es necesario que se dé todo el proceso. El exfuncionario del MP, señala que si bien los investigadores pueden solicitar información deben respetar el derecho de antejuicio del ministro y de los diputados.

No obstante, señaló: Acá está clara la utilización del MP, como una herramienta de persecución política. La institución se está usando como un mecanismo de criminalización -aunque suene paradójico- contra el propio gobierno, lleva un ánimo de obstaculizar ciertas acciones del Ejecutivo.

Esta semana se cumplen cinco meses de que el actual gobierno presentó la primera denuncia por corrupción en la administración Giammattei, a la fecha suman 84, de las cuáles el MP ha desestimado seis, pero de las 78 restantes solo hay silencio.