Osvin Alí Ávila Aguilar era ejecutivo de ventas de una droguería entre el 2010 y 2012, pero el hostigamiento hacia su homosexualidad, según relata, lo obligaron a renunciar. En 2012 Ávila denunció discriminación ante el Ministerio Público (MP). Entonces tenía 29 años.

Ha pasado casi una década y su denuncia aún está bajo investigación. Lo peor del caso es que la lentitud del proceso no sorprende a los expertos. 

Leonardo Ortega es el director ejecutivo del Grupo de Apoyo Xela (GAX), una ONG constituida por jóvenes LGBTIQ. El año pasado GAX publicó un portal en Internet de datos abiertos para analizar las denuncias de este tipo en el Ministerio Público entre el 2016 y 2020:

  “Hay 839 denuncias de delitos y agravios contra personas de la comunidad LGBTIQ. 133 denuncias están en investigación, de estas 77 superan los 3 años de  y 25 llevan 4 años. Más del 69% de las denuncias realizadas no han procedido a una investigación eficiente.”

Gabriel Duarte, investigador social y miembro de Visibles, una organización que promueve el respeto de derechos a la diversidad sexual, las denuncias son solo el pico del iceberg. Duarte nombra un dato de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2019:

  “13 mil 690 jóvenes mencionaron sentirse discriminados por su orientación sexual a la hora de buscar empleo. Tal vez no es una muestra representativa porque el que alguien acepte su orientación sexual frente a alguien que lo esta encuestando es ponerse en una posición de vulnerabilidad. Usualmente hay un subregistro, lo mismo pasa con las denuncias. ”

La ausencia de legislación para proteger estos derechos agudiza la situación: 

  “El problema es que no hay una tipificación de delito sobre esta cuestión. Ahí también hay un vacío legal donde algunas autoridades se podrían escudar. Lo que sucede en muchas empresas que tienen códigos de ética o reglamentos de no discriminación es que los tienen, porque usualmente son empresas internacionales que están ligadas a la legislación a sus países de origen.”

Las consecuencias de la ineficacia del sistema judicial es que los casos de discriminación se traducen en anécdotas, dice Henry España, defensor de las Personas de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de los Derechos Humanos: 

“Los procesos laborales que llegan a las instancias judiciales toman mucho tiempo, entonces se vuelve un proceso tedioso. Las personas prefieren desistir, porque aunque puedan ganar estos procesos tomará muchos años. Es más fácil buscar otro trabajo y renunciar.”

En 2020, el caso de Ali llegó a las manos de Miriam Oliva, abogada del Instituto de la Víctima,  y aunque trabaja por agilizar el proceso, ella tiene claras las dificultades: 

“Cuando empezaron a citar a los testigos, ellos aún pertenecen a la empresa, entonces, no iban a declarar en contra del patrón. Les hacían la pregunta: ¿usted ha verificado si ha exist tido discriminación con Alí? Y ellos dicen “no, no hemos visto”. Pero esto es por el mismo temor de trabajar en la misma empresa.  Se ha vuelto un caso icónico porque la jefa de personal, al enterarse que él la había denunciado, posteriormente, coloca una denuncia de violencia en contra de la mujer en contra de Ali. Ambos son a la vez demandantes y demandados.”