Tras la Segunda Guerra Mundial surgieron diversos organismos internacionales con un propósito: evitar que las guerras siguieran siendo el mecanismo habitual para resolver conflictos entre Estados. Primero las Naciones Unidas y, más tarde, instancias regionales como la OEA, se erigieron sobre la idea de la no confrontación, la diplomacia preventiva y la resolución pacífica de controversias. El resultado, ochenta años después, merece una reflexión y evaluación.
El Consejo de Seguridad de la ONU es un buen ejemplo de esa falla estructural. Diseñado en 1945, conserva intacta su composición pese a que el mundo ha cambiado radicalmente. Dos de sus miembros permanentes son regímenes autoritarios, lo que traslada la confrontación ideológica al corazón mismo de la toma de decisiones. El derecho de veto convirtió al Consejo en un espacio de bloqueo permanente, y cuando no hay consenso sólo quedan dos salidas conocidas: comunicados diplomáticos sin efecto real o acciones unilaterales fuera del marco multilateral. Un sistema estatocéntrico que ignora a las víctimas reales, frente a la antropocéntrica en la que debería centrarse.
Existen más potencias nucleares, como India o Pakistán, y otras que concentran población, industria y poder económico —Japón, Brasil o India— que no son miembros permanentes. No hay, además, una representación clara de regiones enteras ni de mundos culturales mayoritarios, como África o el mundo musulmán. El orden internacional de la posguerra, útil en su momento, se ha vuelto desequilibrado y crecientemente ilegítimo. Formalmente, todos los países tienen un voto; en la práctica, no todos pesan igual, no contribuyen económicamente de la misma forma ni asumen responsabilidades equivalentes.
Con el paso del tiempo, Naciones Unidas ha creado una constelación de agencias e instituciones para atender temas diversos: mujeres, desarrollo, infancia, infraestructura, asistencia técnica. Sin embargo, un problema fundamental fue cuidadosamente evitado: las dictaduras. Amparándose en la idea de que no era “su competencia”, la ONU marginó, o trata con tibieza discursiva, el debate sobre regímenes autoritarios, pese a que estos generaban conflictos, exportaban violencia y desestabilizaban regiones enteras. Cuba lo hizo durante décadas; Corea del Norte lo sigue haciendo; Nicaragua, Venezuela y otros países repitieron el patrón, casi siempre con el respaldo explícito o tácito de Rusia y China, que los utilizaron como piezas funcionales de su estrategia global.
Las dictaduras tampoco fueron consideradas amenazas a la paz internacional, lo que habría permitido activar los capítulos VI o VII de la Carta de Naciones Unidas. El silencio institucional facilitó abusos sistemáticos: represión, encarcelamientos arbitrarios, torturas y muertes. Mientras tanto, los regímenes autoritarios aprendieron a utilizar el sistema como escudo retórico, denunciando supuestas “agresiones” cada vez que eran confrontados por democracias que exigían rendición de cuentas o aplicaban sanciones.
De esa forma, cualquier acción destinada a frenar a un tirano —como ocurre en Venezuela— es automáticamente denunciada como invasión de soberanía, uso ilegítimo de la fuerza o violación del derecho internacional. El statu quo protege la violencia ejercida por esos regímenes, mientras países ideológicamente afines o cercanos a las tiranías recurren al lenguaje formal y políticamente correcto para condenar cualquier intento de acción liberadora. El discurso importa más que la realidad. La forma, más que las víctimas.
Quizá, en lugar de escuchar a diplomáticos profesionales o a burócratas que viven cómodamente dentro del sistema, habría que dejar hablar a los familiares de los detenidos, torturados o asesinados por esos regímenes. Tal vez entonces el debate abandonaría la asepsia del lenguaje institucional y se acercaría, por fin, a los sentimientos reales de quienes padecen la opresión.
Porque un sistema internacional que no sirve para proteger a los oprimidos termina sirviendo —aunque no lo admita— para proteger a los opresores.