Recientemente, se ha conocido que los directores y el superintendente de Competitividad devengarán un salario base de Q75,000 mensuales, cifra que incluso podría incrementarse en algunos casos con gastos de representación y/o ventajas materiales-, elevando todavía más una cantidad que resulta, sencillamente, insultante. No por el número en abstracto, sino por el contexto obsceno en el que se fija: un país pobre, desigual y exhausto, en medio de una crisis que evidencia la necesidad de un gasto público eficiente.
Es inadmisible que en un país como este existan funcionarios que cobren no ya esa cantidad, sino mucho más: alcaldes, presidente, vicepresidenta, magistrados y una larga lista de cargos públicos con remuneraciones muy superiores a las de sus pares en países con una renta per cápita cinco o incluso diez veces mayor. Algunos dicen que aquí la pobreza es estructural, pero los sueldos del poder parecen de residente en países prósperos.
Como ya lo hicieron los diputados en su momento, estos personajes se recetaron su propio salario. No hubo consulta pública, ni pudor, ni mínima contención moral. Solo una conversación entre ellos mismos y sus justificaciones internas que no les quedó de otra que hacerlas públicas cuando todo estaba consumado. El dinero sale, por supuesto, del esfuerzo cotidiano de quienes madrugan, facturan, pagan impuestos y llegan con dificultad a fin de mes. Pero eso parece un detalle menor para quienes saben que la aprobación ciudadana no es un requisito para autorizarse privilegios porque siguen aquello de que “la vergüenza pasa, pero el dinero queda”.
La explicación oficial siempre es la misma: “autonomía institucional”. Un concepto noble que aquí se usa como salvoconducto para saltarse todas las trancas, fijar salarios a discreción y administrar fondos públicos con una alegría que raya en el cinismo y lo inmoral. Mientras tanto, los ciudadanos quedamos reducidos a una figura grotesca: pagadores sin voz, clientes cautivos que ni siquiera pueden negociar el precio de lo que les cobran esos abusivos.
A esta lógica se suma otro problema aún más grave: la normalización del abuso. Cada nuevo salario inflado genera indignación por unos días, pero pronto se diluye entre otras noticias. El escándalo se vuelve rutina, y la rutina, tolerancia. Así se construye una cultura política donde el saqueo elegante deja de ser excepción y pasa a ser regla.
Peor aún, muchos de estos funcionarios se presentan como técnicos, expertos o salvadores institucionales, cuando en realidad reproducen las mismas prácticas que dicen combatir. Hablan de competitividad, eficiencia y modernización, pero actúan con el mismo desprecio por el ciudadano que seguramente criticarán en otros. La incoherencia no es accidental: es estructural.
Y aquí conviene decirlo sin rodeos. No es posible diseñar un modelo de servicio público eficiente con esta proliferación de organismos “independientes” convertidos en clubes cerrados, donde cada grupo de poder hace y deshace a su antojo, se asigna salarios obscenos, acumulan prebendas y no rinden cuentas a nadie más que a su propia y descompuesta conciencia.
La conclusión es incómoda, pero inevitable. Si no somos una sociedad más ética, no hay reforma que valga, ni ley que alcance, ni institución que funcione. Podemos cambiar nombres, crear nuevos entes, escribir códigos y discursos, pero mientras la ética no sea un límite interno y no una imposición externa, todo seguirá igual. El problema no es solo de quienes se suben el sueldo; es de una sociedad que lo tolera, lo normaliza y, al final, lo paga. Sin una mínima exigencia moral colectiva, no hay nada que hacer.