La decisión de la actual administración norteamericana de suprimir la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha causado gran reflexión y probablemente motivará a que muchas personas, por primera vez, tomen un papel más activo en sus esfuerzos y trabajen en algo productivo y no asociado a las dádivas.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG), a menudo denominadas «sociedad civil», en un intento por englobar al resto de la sociedad no política -forma que puede ser interpretada como manipuladora- han experimentado un notable retroceso. Se ha revelado que algunas ONG dependían de la ayuda estadounidense para hasta un 80% o más de su presupuesto, estableciéndose así una relación de dependencia que variaba en función del contexto político nacional del país donante, con el que había que estar en sintonía o asumir el riesgo de perder la ayuda.
La cooperación internacional, salvo en casos de desastres o catástrofes, es, en la mayoría de los casos, una herramienta de poder blando dentro de la política exterior de los países que cuentan con recursos económicos. Estos países aportan fondos con la expectativa de recibir algo a cambio, ya sea una alineación en política internacional o mejoras en educación y prosperidad que disminuyan la emigración; un claro interés intrínseco en tales inversiones.
Es crucial desmitificar la cooperación internacional, mostrándola en su correcta dimensión, sin que esto deba ser necesariamente negativo. La existencia de programas que permiten a nacionales estudiar en Estados Unidos o la organización de jornadas médicas para niños son indudablemente beneficiosas. Sin embargo, estos objetivos, al igual que otros como la promoción de ciertas políticas públicas de género, aborto o la distribución de anticonceptivos, responden principalmente a los intereses del donante, no siempre del país receptor. Así, es necesario analizar estas relaciones desde la perspectiva de cómo nos influencian -y obligan- y cómo permitimos que lo hagan. En el fondo, esta otra perspectiva no deja de ser una suerte de neocolonialismo del siglo XXI, por medio de la geoeconomía y el control físico, emocional o político, mediante la adquisición, inversión o donación. Es preciso establecer reglas claras y aceptar las donaciones que beneficien al país y tengan una continuidad productiva, pero con la misma fuerza y rigor, rechazar aquellas que pretendan generar políticas públicas que no están en la discusión nacional.
Además, es oportuno criticar el bajo porcentaje de fondos que realmente llega a los destinatarios finales de la cooperación. No es un secreto los altos salarios de los directores de proyecto, la compra de vehículos costosos para las oficinas de la organización y otros privilegios absorben entre el 15% y 20% de los recursos totales en cada nivel; el resto se distribuye en mantenimiento, insumos y los proyectos.
El cierre de USAID ha dejado a muchos fuera del mercado de la cooperación. Quienes acostumbraban a recibir financiamiento sin generar un impacto tangible, en muchas ocasiones, han visto reducida su fuente de ingresos y deben optar ahora por reinventarse, ya sea fuera o dentro del sistema. Aquellos que permanecieron, a pesar de todo, buscan nuevas fuentes de financiamiento, mientras que los que han salido quizás comiencen a generar bienes y servicios en un mercado competitivo y, en un futuro, puedan experimentan el «abrazo» del capitalismo que otrora criticaron.
En conclusión, tanto unos como otros han tenido que reinventarse, porque la proverbial gallina de los huevos de oro ha dejado de proporcionarlos, y cada vez hay menos países y organizaciones dispuestas a seguir con el modelo de “toma más pisto para tus cosas”. Aunque todavía, es probable que den sus últimos coletazos difundiendo noticias sobre «lo que el país está perdiendo» o “las oportunidades desperdiciadas”.
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