El granadillo es una madera preciosa utilizada para acabados de lujo en vehículos, yates o instrumentos musicales. Y uno de los lugares donde hay granadillo es la frontera de Guatemala y México, a donde llegan sin dificultad traficantes de maderas, según el medio especializado en crimen organizado Insight Crime. Una investigación apoyada por organizaciones ambientales e incluso estatales revela como taladores se libran por miedo o corrupción de autoridades locales que permiten la tala “administración tras administración”.
La investigación publicada el pasado 28 de septiembre, revela como maderas preciosas son taladas en las reservas naturales y luego vendidas a países asiáticos. Aunque las áreas cuentan con apoyo del ejército guatemalteco, no siempre participan en los patrullajes y los guardabosques quedan a su suerte a riesgo de ser atacados por los grupos criminales.
“En 2017 y 2018 tuvimos las primeras noticias de que estaban sacando esa madera en Guatemala. Entonces pusimos un grupo de guardaparques, nos ayudó el Ejército y capturamos a 13 personas solo en dos años”, dice Francisco Asturias, director de Fundaeco, entidad dedicada a la conservación de la naturaleza y quien participó junto con las autoridades en estos operativos. Su mayor decepción, asegura, es pasar días en la selva para capturar a los taladores y que en cuestión de horas salgan libres mediante medidas sustitutivas y multas, como ocurrió con los 13 taladores de granadillo capturados entre 2019 y 2020”.
«¿Quiénes son estos saqueadores? Son gente humilde o familias que viven en la comunidad Candelaria desplazados de Guatemala hacia México. Ellos son contratados por terceras personas y estas terceras personas son contratadas por otras que creemos, son autoridades del gobierno mexicano para vender la madera al mercado chino».
Los comunitarios que participan en este ilícito reciben US$25 por cada árbol de granadillo que marcan, dos o tres días después los traficantes llegan, los talan y abren caminos por la selva para llevarlos fuera de las áreas protegidas.
El árbol de granadillo es codiciado para acabados de lujo en vehículos y yates.
Para Asturias, quien durante 34 años ha velado por la selva petenera, la única solución son los patrullajes y afirma que aunque solo cuenta con 44 guardabosques desplegados en dos turnos, han logrado detener la incursión de traficantes mexicanos.
«Los parques están rodeados de comunidades pobres que son los que cortan la madera y esto es para toda la vida, no hay medicina que cure la enfermedad. El personal del Consejo Nacional de Áreas de Protegidas en vez de aumentar el personal lo disminuye; cada vez que se retira o jubila un guardabosques esa plaza se congela. Hace 16 años tenían 16 guardarecursos para el área en conflicto, ahora tienen 8».
El problema no solo es la falta de personal, sino el costo: 5 o 6 días de comisión de 25 personas en la selva implican Q15 mil, refiere José Pablo Pacheco, jefe de la unidad de Control y Vigilancia del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Estas comisiones o patrullas las conforman personal de Conap, Ejército y la División de Protección a la Naturaleza (Diprona).
«También tiene que ver mucho la gobernabilidad que en este año se perdió por completo, porque ya hay muchos nexos con las personas que están allí. Hay alcaldes o gobernadores que tienen terrenos en áreas protegidas y por eso cuesta que el Conap haga algo porque por todos lados lo restringen a uno».
El gobernador de Petén, Luis Rodolfo Burgos, rechazó las llamadas telefónicas y no respondió las preguntas relacionadas al tema hechas mediante mensaje de texto.La misma situación ocurrió con los alcaldes de los municipios fronterizos San Andrés, Flores y San José, Petén.
Pacheco dice que aunque no son tan pocos los guardabosques del Conap, 45 no son suficientes para un área de 800 mil hectáreas y se requiere más del doble.
«Es demasiado escaso el personal porque esos 45 se dividen dos grupos, uno pasa 22 días arriba y cuando ya van a cumplir sus tiempos, sube el otro grupo para que el primero descanse ocho días».