En total 26 aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público  (MP) para el periodo 2022-2026 presentaron su hoja de vida ante la Comisión de Postulación. Las organizaciones sociales que fiscalizan el proceso ven una baja participación en un proceso de inscripción donde prevalecen los perfiles desconocidos y otros señalados por su mal desempeño.

En 2018 fueron 39 abogados quienes presentaron su hoja de vida, entre ellos, Consuelo Porras, designada como fiscal general y quien pretende su reelección. Su expediente fue enviado ayer con un mensajero y quedó inscrita como aspirante. 

Porras ha sido criticada por los constantes cambios que ha efectuado en el MP, por el desplazamiento y salida de integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y por ordenar la captura de fiscales que investigaron casos de corrupción.

Otro de los aspirantes  es Jorge Luis Donado Vivar, actual Procurador General de la Nación, nombrado en 2018 durante el gobierno de Jimmy Morales. En 2014 participó en el mismo proceso, pero fue excluido por no cumplir los requisitos.

En 2019 también presentó su hoja de vida para ser magistrado de Sala de Apelaciones pero la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) pidió que fuera excluido. Donado Vivar fue abogado del exfiscal Álvaro Matus, quien tenía un proceso abierto por supuestas irregularidades en el manejo de la investigación del asesinato de Víctor Rivera, asesor del Ministerio de Gobernación en temas de crimen organizado.

La mayoría de aspirantes entregó su hoja de vida horas antes de cerrarse la recepción de papelería.

Carmen Aida Ibarra, directora del movimiento Projusticia, organización que fiscaliza el proceso, dice que una comisión politizada y las presiones que luego se ejercen sobre un fiscal general desmotiva la participación.

«En 2018 había perfiles como los del juez Miguel Ángel Gálvez, Patricia Gámez, Asisclo Valladares, Roberto Molina Barreto y Claudia Escobar. En este caso abundan abogados de los cuales no se tiene mucho conocimiento o no tienen ejercicio profesional que los ponga en primer plano».

La lista de aspirantes tiene más sorpresas, pues también acudió  Fernando Linares Beltranena, exdiputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), litigante conocido por su participación en casos de alto impacto. Durante su periodo como legislador se vio involucrado en escándalos por sus opiniones como cuando dijo que las personas con discapacidad “instituyen un gasto para el país”. Aunque fue procesado, el caso concluyó en una conciliación con los afectados. 

Para Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, dice que esperaban mejores perfiles.

«No quisieron participar abogados que tienen más experiencia. Hay que tomar en cuenta que la tabla de gradación es un obstáculo para quienes tienen experiencia, pero no tienen muchos títulos académicos».

Óscar Dávila, actual director de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, también presentó expediente. Ahora dirige una entidad con un presupuesto anual de Q11.5 millones y cuestionada por la población por sus escasos resultados. Dávila fue viceministro de Gobernación Antinarcótico durante el gobierno de Jimmy Morales.

En la lista también figura la abogada Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina, quien integró la lista de seis aspirantes finalistas en 2018. Ha laborado como directora nacional de procuración del Procurador de los Derechos Humanos y 16 años como fiscal en el MP.

La abogada Ilsea de Espada, quien presentó expediente en el proceso de 2018 dice que esta vez no participó por cuestiones familiares y considera que muchos abogados que tienen la experiencia, tienen mejores honorarios en los bufetes y prefieren no exponerse.

«Todos los operadores de justicia, independiente si es considerado  de un grupo o de otro, cada vez que toman una decisión benefician a unos y perjudican a otros, es un trabajo donde principalmente sus  familias se ven afectadas por los comentarios en contra».

Lista de aspirantes a fiscal general inscritos.