Una preocupación clásica del pensamiento político ha sido indagar acerca del mejor gobierno. Platón y Aristóteles fueron los primeros en plantear y resolver esta cuestión. Aristóteles (Política) consideraba que los gobiernos de hombres incluyen factores subjetivos y afectivos que pueden corromper al gobernante, y también Platón en “Las Leyes” concluye de forma similar. Más modernamente, John Rawls propuso el “velo de la ignorancia” como una posición de partida para hacer normas lo más generales y abstractas posibles, y evitar que la situación personal de quienes las elaboran tuviera una incidencia, emocional y no racional, que se reflejaran en ellas.
Como se observa, el tema no es nada nuevo, y plantea varias preguntas de las que se pueden rescatar en el ámbito político si es conveniente limitar la libertad de decisión de un gobernante excepcionalmente dotado, o es mejor que el pueblo, o una parte de él, tenga el poder soberano. Y desde la Perspectiva jurídica, si es más conveniente organizar la vida social con leyes generales o dejar que los gobernantes decidan los asuntos jurídicos.
El debate recobra importancia por la puesta en marcha de sanciones contra personas por parte de potencias como los EE.UU., la Unión Europea, el Reino Unido o Canadá, quienes incluyen en diferentes listas a ciudadanos de otros países, y no lo hacen con los suyos porque se verían demandados legalmente. Las razones que argumentan para incluir a estas personas en los diferentes listados son, entre otras, que son antidemocráticos o corruptos. Al ser designados por esos países, no pueden defenderse de nada de lo que son acusados, ya que no hay tal señalamiento acusatorio, y quedan en un limbo legal, además de imponérseles condiciones extremas en lo que respecta al movimiento y a sus finanzas.
Algunos, llevan la discusión a la personificación, lo que convierte el debate en emotivo y no racional -tal y como predijera Rawls-, puesto que según la persona sea considerada por cada uno, el juicio que se emita tendrá una u otra dirección. Por lo tanto, el debate tiene obligatoriamente que centrarse, en principio, al margen de quienes sean los actores. De esta manera se puede fácilmente observar que cualquier Estado, dentro de las competencias que se arroga, puede designar a un ciudadano de otro Estado bajo ciertos supuestos, sin ser necesario abrirle una causa judicial ni mostrar pruebas de aquello que se le imputa. Hay que estar muy alejado de la virtud para apostar por esa aplicación del derecho penal del enemigo, especialmente cuando no es posible defenderse, puesto que no hay acusación, o estar muy ideologizado para no ver que la vulneración a la neutralidad a la que se aspira en un Estado de Derecho.
Lo más preocupante es que muchos de quienes consideran que si es plausible tomar tal medida, no admiten el hecho de que ciertos gobernantes, como Trump en este momento, hagan lo propio con migrantes, a quienes señala de no importa que delito o infracción y los expulse de EE.UU. Y es porque no prestan atención al principio general esgrimido, sino a las personas, y sustituyen la razón del debate por la emoción que generan los protagonistas, muy propio de esta época de redes, y de las opiniones publicadas que suelen promoverse.
Norberto Bobbio abordó la discusión hace tiempo, y en el capítulo 7 de “El futuro de la democracia” dice: El gobierno de los hombres, como alternativa positiva al gobierno de las leyes, se presenta, en su forma más rudimentaria, a través de la figura del soberano-padre o del soberano-amo, o bien en la concepción paternalista o patriarcalista. Y después de hacer un recorrido histórico sobre la filosofía política, concluye: “…no siento el menor empacho de decir que mis preferencias se dirigen al gobierno de las leyes, no al de los hombres. El gobierno de las leyes celebra hoy su propio triunfo en la democracia.”
Pues bien, a pesar de todo, se impone el gobierno de los hombres, eludiendo normas y principios generales en función del verdadero ejercicio político del poder. Así las cosas en pleno siglo XXI.
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