La etapa de preconsulta en comunidades de El Estor, Izabal, con entidades de gobierno relacionadas al funcionamiento del proyecto minero Fénix, culminó en descontento por la exclusión de líderes indígenas y algunos sectores económicos del área.

El 6 de noviembre último delegados del ministerio de Energía y Minas y otras entidades gubernamentales se reunieron por segunda ocasión con representantes de 53 comunidades, 44 ubicadas en El Estor y nueve en Panzós, Alta Verapaz, para definir cómo se llevará a cabo la consulta popular en la que la población qeqchí que reside en el área de influencia del proyecto minero, decidirá sobre el funcionamiento de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

El proceso se hizo en cumplimiento a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) que resolvió un amparo interpuesto por entidades que se oponen al funcionamiento de la mina.

El abogado Rafael Maldonado, representante de comunidades cercanas al proyecto minero, refiere que los participantes en la pre consulta son de comunidades que están dentro del área de licencia o de influencia de la minera que abarca 6.29 kilómetros cuadrados, a pesar de eso no se tomaron en cuenta a los líderes indígenas ancestrales, puesto que se basaron en la Ley de Consejos de Desarrollo, la cual refiere en su artículo 26, que las consultas pueden efectuarse a través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

“Están consultando únicamente a las personas que son allegadas a la mina y a la municipalidad. Ellos argumentan que fue un procedimiento con base en la Ley de Cocodes, la cual dice que mientras no exista una ley de consulta de Pueblos Indígenas, estas deben hacerse por medio de los Cocodes pero la sentencia de la CC es clara en que deben participar todas las autoridades de los pueblos indígenas”.

Fernando Fernández, integrante del Comité de Ganaderos de Río Dulce, dice que estuvieron atentos a ser invitados para participar en este proceso, pues son afectados a pesar de no estar directamente en el área de influencia de la mina.

“Nosotros estamos en Río Dulce pero nos afecta en todo sentido, los que tenemos construcción a la  orilla de la carretera sufrimos el desgaste de las carreteras que se están agrietando al igual que las casas por el paso de los camiones. La contaminación es para todos, no solo para los que están más cerca, quisiéramos que nos tomaran en cuenta”.

A esta postura también se suma Eugenio Gómez, empresario hotelero y vicepresidente del Comité de Autogestión de Turismo (CAT), que según él, reúne 100 negocios entre hoteles, restaurantes y supermercados con los que generan más empleos que la minera.

“Pagamos más impuestos, pagamos el 10 por ciento al Instituto Guatemalteco de Turismo, generamos un 11 por ciento de IVA, pagamos del Impuesto Sobre la Renta un 25 por ciento, pero no nos invitan”.

Agentes de la PNC fueron destacados a El Estor, Izabal, luego de ser decretado estado de Sitio por los disturbios en contra de los proyectos mineros.

Óscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, dice que representantes de 48 comunidades solicitaron involucrarse en el proceso. Sin embargo, solamente ocho están dentro del área influencia de la mina, las demás están fuera del área o no están registradas porque son invasiones.

En cuanto a la Asociación de Pescadores Artesanales, que no participaron en la preconsulta,  Pérez asevera que no aparecen en la sentencia de la CC como amparistas, aunque sí están representadas en la mesa de pre consulta.

“Todas y cada una de esas comunidades van a participar en el proceso de consulta, y estarán representadas por medio las personas que ellos eligieron, Las comunidades que están fuera del área de influencia no participan, no porque así lo decida Energía y Minas sino la sentencia de la CC”.

El diputado Román Castellanos, del partido Semilla, refiere que se han reunido con representantes de comunidades excluidas, quienes califican de farsa la pre consulta.