Es escandaloso que el Congreso de la República guarde silencio ante la denuncia en contra de un diputado de intentar cobrar comisiones del 20 por ciento sobre proyectos financiados por medio de los Consejos Departamentales de Desarrollo.

También es vergonzoso que el Gobierno, que impulsó la aprobación del Presupuesto 2025 y creó una partida del doble del año anterior para financiar estos proyectos, se haga el desentendido ante esta denuncia.

Porque lo que ha dicho el alcalde de La Unión, Zacapa, saca a flote un vicio del sistema político guatemalteco profundamente arraigado como una de las muchas formas de la corrupción en el país. Y el partido que hace gobierno, el Movimiento Semilla, ganó las elecciones con el mandato de terminar con esas formas de corrupción y no de tolerarlas ni mucho menos de prolongarlas.

Tavito Galván, el alcalde electo por el partido Vamos, leal seguidor del liderazgo de la diputada Carolina Orellana del mismo partido, acusa al diputado Julio Portillo de Zacapa de intentar forzarlo a otorgarle comisión del 20 por ciento sobre los proyectos del presupuesto ordinario asignado vía el Consejo Departamental de Desarrollo a su municipio. El alcalde da a entender que ha sido aceptable que los diputados cobren esa comisión sobre el presupuesto extraordinario (de alrededor de Q5.5 millardos para el año 2025) y no en el presupuesto ordinario (que este año supera los Q8 millardos porque se autorizó el uso del dinero no ejecutado en 2024).

El diputado Portillo, a quien el partido Cabal intenta juzgar y expulsar vía su Tribunal de Honor por este caso, niega las acusaciones y en cambio, le atribuye corrupción y resistencia a la fiscalización al alcalde Galván. Señala que el asalto a los fondos públicos procede de la corriente de la diputada Orellana.

Según el alcalde, de los 11 municipios de Zacapa, 8 le son leales al diputado Portillo y le entregan sus proyectos para que él nombre empresas de construcción de su preferencia. Los otros tres, identificados como Teculután, Río Hondo y La Unión, le serían leales a la diputada Orellana. Portillo proviene de una familia de distribuidores de cemento en la región y se le atribuye imponer a su empresa como proveedora. Todo esto él lo niega.

Cuando el Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos promovió esta cuantiosa asignación de fondos a los Consejos Departamentales de Desarrollo y se alertó del riesgo de corrupción a gran escala, aseguró que había mecanismos para ejercer auditoría mediante la ampliación de fondos a la Contraloría General de Cuentas y controles de avances de la obra por medio de drones y otros usos de alta tecnología.

Lo cierto es que las denuncias de corrupción que surgen en Zacapa desdicen que las precauciones tomadas hayan servido para algo.

Los fondos de los Consejos de Desarrollo muestran hoy un escasísimo nivel de ejecución además a nivel a nacional, pero en otros distritos de diferentes regiones del país, como Izabal o Retalhuleu, surgen indicios de entrega de carteras de obras a diputados para que ellos definan los proyectos y elijan las empresas para ejecutarlas.

El Ejecutivo traiciona su mandato electoral de combatir la corrupción al no tomar acciones inmediatas para garantizar que estos abusos no serán tolerados y serán llevados a la justicia aunque hoy la Fiscal General Consuelo Porras se oponga procesar a quien roba fondos públicos.

El Congreso por su parte abona en su descrédito y se esmera en inspirar desconfianza al no convenir de inmediato una investigación independiente que establezca lo que ocurre en Zacapa y en el resto del país con el dinero de los Consejos de Desarrollo.

Las instituciones aceptan con demasiada tranquilidad que la sociedad padezca estas denuncias  de auténtica rapiña con los impuestos que paga.