En 2011 Sandra Torres la actual candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se divorció del entonces presidente Álvaro Colom, para optar a la candidatura presidencial. Sin embargo, su afán por llegar a la presidencia fue notorio y la Corte de Constitucionalidad (CC) le negó la candidatura aduciendo que Torres incurrió en “fraude de ley”, ya que el fin de su divorcio era aspirar a la máxima magistratura del país.

Han pasado los años y, hoy nuevamente Sandra Torres vuelve a ser cuestionada respecto al uso de las leyes para fines personales. Basándose en su posición de mujer  y con la Ley de Femicidio ha logrado apartar del camino a quienes le son incomodos para sus intereses.

 “La señora está fomentando una aplicación  desviada y naturalizada de la ley contra el femicidio y la usa con la ayuda de jueces con intereses particulares, para afectar derechos como el libre trabajo de los periodistas y el goce de las garantías Constitucionales y, esta es una acción aberrante”.

Esa es la opinión  Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia quien además, ejerció por 12 años el periodismo en Guatemala. Ibarra cuestiona que en menos de tres meses Torres usara esta ley en contra dos fiscales y seis editores del diario ElPeriódico, además de su gerente de ventas. Pero más le da dudas le causa que se fallara a favor de la candidata.

En su publicación de ayer ElPeriódico denunció el intento de Torres de censurar al medio mediante esas acciones legales.  La acción de la candidata en inicio  fue archivada por una jueza de femicidio, por considerar que los tipos se encuadran en la Ley de Libre Emisión del Pensamiento y no en la Ley de Femicidio. Sin embargo, la candidata apeló la resolución y la Sala Segunda de Apelaciones falló a favor de ella y ordenó a la jueza de Femicidio revertir su resolución y otorgar medidas de protección a favor de la presidenciable de la UNE.

Violeta Mazariegos, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, comentó sobre este caso:

El juez estaba obligado a observar tanto la Constitución como los tratados  internacionales en materia de libertad de opinión. Él debió proteger a los periodistas no restringirlos. Es grave que haya sido mal utilizada la ley, pero más grave es que un miembro del Organismo Judicial esté violentando los derechos humanos de libertad de expresión, no solo del medio de comunicación sino el derecho de todas las personas de recibir información sobre todo en un contexto electoral.

Pero no es la única vez, los primeros en ser denunciados en  la lista de Sandra Torres con el uso de la Ley de Femicidio fueron: Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y a Andrei González fiscal de esa unidad, quienes abrieron una investigación en la que la acusan de financiamiento electoral ilícito y no reportado de Q19.5 millones de su campaña presidencial de 2015.

Esa denuncia de Torres en contra de los fiscales fue presentada en febrero de este año, tan solo días después de que el caso fue develado. Susan Sabrina Salazar Escobar, jueza del juzgado de turno de Primera Instancia Penal y Delitos de Femicidio consideró que los fiscales “perturbaban” a la candidata y dictó medidas de seguridad a favor de la presidenciable de la UNE.

Hilda Morales, exprocuradora adjunta de la PDH, recrimina el uso “perverso” que la candidata la da a un mecanismo que su fin es proteger a la mujer en relaciones desiguales o cuando es violentada solo por el hecho de ser mujer:

En el caso de la persecución penal, no se le está planteando a ella un proceso por el hecho de ser mujer, sino por hechos de financiamiento electoral ilícito. Entonces, creo que fue una forma equivocada de resolver al darle medidas de protección y pedir que los fiscales no continúen “perturbándola”,  que no es eso sino el ejercicio de los fiscales que es investigar y acusar.

Ayer,  Salazar Escobar la Jueza de Femicidio a cargo del caso de caso de Sandra Torres contra los fiscales de la FECI se excusó de continuar conociendo el caso. Su argumento es que se duda de su imparcialidad y que sus resoluciones han sido “criticadas” por los medios de comunicación.