En una alianza institucional que marca un giro decisivo para el desarrollo rural, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) han puesto en marcha un mecanismo acelerado para aprobar proyectos de electrificación en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). La iniciativa responde a uno de los compromisos prioritarios del presidente Bernardo Arévalo: llevar energía eléctrica a los hogares que aún permanecen excluidos del servicio, especialmente en comunidades rurales e históricamente olvidadas.
Desde 2024, el INDE trabaja en la implementación de un plan de acceso universal a la energía. Sin embargo, su ejecución depende en buena medida de la coordinación con otras entidades estatales, entre ellas SEGEPLAN, responsable de garantizar la viabilidad técnica, financiera y legal de los proyectos de inversión pública. La articulación entre ambas instituciones era indispensable para superar barreras que, durante años, retrasaron la llegada del servicio eléctrico a miles de familias.
Para enfrentar ese desafío, se instaló una mesa técnica de trabajo con el respaldo directo del presidente Arévalo; del secretario de Planificación, Carlos Mendoza; y del presidente del Consejo Directivo del INDE, Víctor Hugo Ventura. En este espacio, equipos especializados de ambas dependencias expusieron los principales obstáculos que dificultaban la aprobación de proyectos en el SNIP. La revisión conjunta reveló dos focos críticos: la documentación de derechos de paso —necesaria para ejecutar obras en propiedades privadas o comunitarias— y los estudios del Análisis de la Gestión del Riesgo en Proyectos de Inversión Pública (AGRIP).
Tradicionalmente, estos requisitos provocaban largos tiempos de espera debido a expedientes incompletos o inconsistentes. Como resultado del análisis, se decidió rediseñar procesos y reforzar la calidad técnica de los expedientes, lo que permitió reducir drásticamente los plazos de gestión: de 18 días hábiles a solo 5. Esta reducción representa un avance sin precedentes en la administración de proyectos de electrificación rural.
Los resultados no se hicieron esperar. Hasta octubre, SEGEPLAN había aprobado 173 proyectos de líneas y redes de distribución eléctrica destinados a comunidades rurales. Cada uno de estos proyectos significa la oportunidad de transformar la vida de miles de familias que aún dependen de velas, baterías o conexiones informales para iluminar sus hogares.
Para las instituciones involucradas, la agilización no solo refleja eficiencia administrativa; también constituye una señal de compromiso estatal con un desarrollo más equitativo. La energía eléctrica abre oportunidades educativas, productivas y económicas, y es un requisito básico para reducir brechas sociales.
Con esta coordinación reforzada, SEGEPLAN y el INDE avanzan hacia la meta de electrificación universal, impulsando una política pública que no solo conecta hogares, sino que también conecta a las comunidades con mejores condiciones de bienestar y un futuro más digno.