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Allan Rodríguez, diputado de VAMOS, y sus discípulos, los congresistas de los partidos VALOR, Unionista, UNE, Bien y Elefante no lograron los votos que la semana pasada les abrieron una ventana para recuperar el poder en el Organismo Legislativo. Y ayer, cuando Nery Ramos, el presidente del Congreso, cumplió la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) que mandó a reabrir la sesión plenaria, la antigua alianza parlamentaria no contó con los 81 diputados necesarios para impulsar su agenda.
En primera instancia se proponían ubicar a un diputado de su coalición y lograr mayoría en la Junta Directiva del Congreso; luego, nombrar a un representante del Congreso ante la Junta Monetaria; y, por último, pero no menos importante, reformar el acuerdo del reparto de comisiones de trabajo en el Legislativo.
Allan Rodríguez y sus discípulos.
El gran objetivo de VAMOS es controlar la mesa de Finanzas y Moneda del Congreso, desde donde se gestiona el presupuesto del país. Y la propuesta para dirigirla era Duay Martínez, el diputado quetzalteco a quien el expresidente Alejandro Giammattei designó para presidir esa sala durante 2020 y 2021. Allí impulsó los acuerdos de miles de millones de quetzales para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Esos fondos de emergencia están hoy cuestionados por indicios de corrupción e impunidad: como los Q30 millones depositados en las empresas del exdiputado Jorge García Silva, aliado de Giammattei. En año electoral, el MP recibió denuncias desde Quetzaltenango que señalaron a Martínez de repartir dinero a cambio de votos. Las investigaciones no avanzaron en el Ministerio Público (MP), Janeth Pérez, fiscal de la Fiscalía de Delitos Electorales respondió vía chat que no tenía la información disponible.
Un decreto de pandemia apartó Q30 millones para negocio vinculado a diputado García Silva
Un diputado con señalamientos
Recordemos a Pedro Sifontes, excandidato a diputado por CREO, cuando señaló a Martínez aquel año:
Se autodenomina “el campeón de la gestión”; intervino en las instituciones para que los alcaldes utilizaran los programas de acciones por alimentos del ministerio de Agricultura, que dio bolsa de alimentos de 70 libras, por ahí fue que se fortaleció; y también el programa de Aporte al Adulto Mayor, que en la costa fue donde más lo volvieron clientelar.
Un alcalde electo que purgó pena por malversación y obtuvo finiquito express
Duvalier Castañon, diputado de SEMILLA, confirma: Es correcto, es el nombre que suena más y que claramente es algo contrario a los intereses del Ejecutivo y de la bancada.
Castañón y Julio Héctor Estrada, diputado de CABAL, presidente actual de la Comisión de Finanzas coinciden en que no es legal lo que pretende VAMOS y compañía:
Si revisa el artículo 34 de la ley del Organismo Legislativo, dice que iniciando el periodo, el pleno aprobará la distribución de Comisiones de Trabajo. Y más adelante dice que los presidentes (de comisiones) durarán 1 año; también se refiere a casos especiales: cuando fallezca, renuncie… la Junta Directiva solicitará un nuevo presidente al bloque y el bloque no designa, lo hará el pleno.
Estrada señala que objetarán en pleno si los intentos persisten y agotarán la vía constitucional:
El punto más importante es que se crearía un terrible precedente porque solo se genera incertidumbre; el incumplimiento de la ley debilita la legitimidad de las acciones y que se use la Comisión para ejercer mayor oposición va en contra del Estado o del pueblo de Guatemala.
La Comisión Presidencial Contra la Corrupción presentó 269 denuncias de sospechas de corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei, 44 ya han sido desestimadas por el MP; 10 fueron archivadas y 180 están estancadas.
