La propuesta de los principales grupos de capital guatemalteco, el llamado G8, es ungir una sola candidatura a la cual apoyar para las siguientes elecciones y afrontar de esa manera cualquier riesgo de cambio en el esquema político y económico del país. En concreto, para impedir un triunfo de Codeca y su instrumento político el Movimiento para la Liberación de los Pueblos en caso llegue a ser aceptada por el Tribunal Supremo Electoral y demás cortes su participación en las futuras elecciones.

La candidatura elegida es la de Zury Ríos. Las encuestas muestran que marcha adelante de otras opciones electorales pro sistema. Aventaja a Sandra (a quien nunca ha querido el capital), aventaja a Edmond Mulet, y a Roberto Arzú.

El gran empresariado ya hizo un ejercicio parecido en el año 2003. En aquella época concentró todo el financiamiento en la candidatura de Oscar Berger lo cual afectó sobre todo al padre de quien ahora sería la nominada. Efraín Ríos Montt compitió pese a la prohibición expresa constitucional como candidato oficialista. Terminó tercero en la contienda y quedó eliminado.

Pero aunque los donativos de campaña, los aviones y helicópteros en préstamo no le lleguen a faltar, el esfuerzo por convertir a Zury Ríos en la abanderada del sistema aún tiene que superar diferentes obstáculos.

El primero, el enojo de Alejandro Giammattei, hasta hoy defensor del status quo, quien hubiera preferido a Ricardo Quiñónez, el alcalde capitalino, como candidato suyo, oficialista, y del G8. Quiñónez prefirió ignorar la propuesta del Presidente y éste tuvo que elegir a otro nominado, Manuel Conde, a quien el gran capital no ve como opción real de triunfo. Eso ha puesto furioso al Presidente.

La oposición de Giammatei a una candidatura de Zury podría suponer que alguna de las instancias bajo el control de la alianza encabezada por el Presidente, como el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad, impidan la candidatura de la hija de Ríos Montt. Esas instituciones, integradas por aliados del gobierno, tendrán que decidir a quién serle leal si al gobernante saliente o al poder permanente (el gran capital) y al poder político que sobreviene. El conflicto entre Zury y Giammattei se refleja ya en que el Presidente y los suyos se han dedicado a persuadir con fondos públicos a la mayoría de alcaldes que busca la reelección para competir por su partido. Zury y su equipo han perdido valiosos aliados locales para movilizar voto a su favor.

Al gran capital en apariencia no le costó mayor cosa persuadir al partido Unionista, que tenía planes de promover al ex ministro del Interior Enrique Degenhart a la Presidencia, a que resignara esa ambición. A cambio le han otorgado un acuerdo jugosísimo e inalcanzable para los Unionistas en otras circunstancias: la posibilidad de integrar una bancada más nutrida gracias con las diputaciones disponibles en el departamento de Guatemala.

Otros grupos políticos pro sistema, como Sandra Torres, Edmond Mulet y Roberto Arzú se muestran decididos a mantener sus candidaturas y eso podría suponer una cierta sangría de votos para Zury. La idea central del gran capital es impedir que se disperse el electorado a favor del sistema pero el propio sistema propicia que cada partido quiera presentar a sus propios candidatos presidenciales y a diputado (por la rentabilidad que deja una campaña y por la promesa de gran negocio que suponen las curules en cada nueva Legislatura).

Pero en términos electorales también resulta un desafío presentarse como la abanderada de quienes tienen más dinero en Guatemala frente a un electorado mayoritariamente empobrecido y en constante deseo de huir justo porque el sistema no les ofrece esperanza alguna de prosperidad.