Con las reformas a la Ley Electoral detenidas en el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral optó por modificar cuatro reglamentos para preparar las elecciones de 2027. Los cambios buscan responder a los vacíos evidenciados en 2023, pero también abren debate sobre el alcance del TSE y la efectividad de nuevas normas frente a la desinformación y el uso de inteligencia artificial.
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El Congreso de la República se prepara para otra jornada de alta tensión política: la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Con un listado de 20 candidatos —11 de ellos señalados por tachas sociales o controversias— los diputados deberán alcanzar 107 votos para designar a cinco magistrados titulares y cinco suplentes, mientras amparos y cuestionamientos al proceso amenazan con complicar aún más la decisión.
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Tras competir con Humanistas de Guatemala en 2019 y con Cabal en 2023, ahora impulsa el comité XGuate, que ya supera los 25 mil adherentes y busca convertirse en partido. Con el respaldo de Amilcar Rivera, expresidenciable de Victoria, Mulet vuelve al tablero político en medio de dudas y cuestionamientos.
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La Fiscalía General, Consuelo Porras se quedó sin la posibilidad de asegurar inmunidad desde la Corte de Constitucionalidad. Sin votos y con un escenario político adverso, su salida es inevitable. Sin embargo, analistas advierten que el sistema que operó bajo su mandato podría mantenerse coherente y blindarla en el futuro.
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Un intenso lobby político con actores estadounidenses reconfiguró el tablero en el Congreso y derrotó al oficialismo. En cuestión de días, la candidatura que contaba con los votos necesarios fue desplazada por la de Roberto Molina Barreto, un magistrado con tres periodos previos en la Corte de Constitucionalidad y un historial de resoluciones polémicas.
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Con una inversión de Q1 millardo, el Estado construirá una cárcel de máxima seguridad para más de dos mil reos en Morales, Izabal. Diseñado con asesoría estadounidense y ejecutado por el Ejército, el proyecto incorpora tecnología de vigilancia, celdas individuales y estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, expertos coinciden en que el principal desafío no es la infraestructura, sino la creación de una guardia penitenciaria confiable.
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En 2 meses y 15 días termina la gestión de Consuelo Porras, una de las más cuestionadas en la historia reciente del Ministerio Público. Sancionada por EE. UU. y señalada por 42 países, su salida abre un debate urgente: ¿habrá rendición de cuentas por la persecución a fiscales, el cierre de casos emblemáticos y el debilitamiento de la lucha contra la corrupción? Exfiscales y jueces coinciden en que el reto del próximo fiscal será reconstruir la institución y auditar ocho años de decisiones polémicas.
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Solo el 20% de los países garantiza pausas remuneradas para la lactancia, Guatemala retrocedió: 33 diputados engavetaron la ley de lactancia materna. Mientras el Congreso señala presiones empresariales —como del CACIF—, datos oficiales revelan que las empresas privadas más grandes cuentan con salas de lactancia.
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Con la convocatoria electoral a la vuelta de la esquina, los grupos oficialistas enfrentan una carrera contrarreloj. Mientras Raíces intenta cumplir el requisito de 28 mil afiliados para ser partido político, Semilla confía en una resolución judicial que le permita volver a competir.
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Con 59 aspirantes en competencia, la comisión de postulación para Fiscal General comenzó la evaluación bajo una tabla que otorga hasta 70 puntos por experiencia para privilegiar trayectorias extensas en el sector justicia. Mientras algunos comisionados defendieron la estabilidad de las reglas, algunas voces advierten que el sistema beneficia a candidatos de mayor edad y limita a los profesionales más jóvenes.
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El Gobierno presentó como logro del Estado de Sitio una reducción del 30% en las extorsiones, tras 30 días de operativos y 83 capturas de pandilleros. Mientras las autoridades destacan resultados, empresarios advierten que en los territorios cooptados el pago de extorsiones continúa sin cambios y que aún no perciben alivio en sus operaciones.
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El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas solicitó al Gobierno de Guatemala investigar posibles adopciones ilegales ocurridas en 1982, durante el conflicto armado interno. En una carta confidencial, que será pública en abril, se menciona a la fiscal general Consuelo Porras, quien dirigió un hogar temporal en la época señalada. La presidenta del grupo, Gabriella Citroni, aclaró que no se están atribuyendo responsabilidades, pero sostuvo que las acusaciones son graves.
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Escuche la nota aquí: El gobierno de Bernardo Arévalo debe enfrentar a los pilotos del...
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Zury Ríos reapareció con un mensaje político que apunta a un quinto intento en la carrera presidencial. Mientras se perfila como posible candidata del Unionista en 2027, el partido recluta diputados de UNE y VAMOS, en medio de negociaciones por magistraturas y elecciones legislativas.
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La exhibición de Aldo Dupie Ochoa, líder del Barrio 18, engrilletado en furgones que funcionan como celdas dentro de Renovación 1, marca un giro simbólico del gobierno de Bernardo Arévalo. Exfuncionarios coinciden en que llega tarde y expone un sistema carcelario deteriorado.
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La elección del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad por parte del Consejo Superior Universitario de la USAC expone una intensa disputa política entre el bloque mayoritario afín al rector Walter Mazariegos y un grupo opositor que busca frenar la imposición de candidaturas vinculadas al oficialismo. La postulación de Consuelo Porras y Leyla Lemus, así como los resultados recientes en el CANG, han generado fisuras, votos indecisos y la posibilidad de impugnar un proceso marcado por cargos vencidos, presiones internas.
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Con un salario mensual de Q121,560 —superior al del presidente Bernardo Arévalo— Consuelo Porras se consolida como una de las funcionarias mejor pagadas del país. Mientras ocultó la nómina del Ministerio Público y duplicó su ingreso en ocho años, informes oficiales y organizaciones denuncian una institución cada vez más costosa, con la tasa de efectividad más baja y un 87% de denuncias desestimadas
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La falta de maestros fue una de las causas por las que el Congreso autorizó el regreso de las Escuelas Normales y la carrera del magisterio, pero reabre el debate sobre la profesionalización docente.
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Desde la captura de opositores hasta fraudes electorales y anulaciones exprés, Guatemala arrastra una serie de episodios en los que la ley ha sido utilizada para intervenir procesos democráticos y consolidar feudos de poder.
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Las detenciones y deportaciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron en 2025. Mientras los adultos intentan migrar, Guatemala apuesta por programas educativos para evitar que niños y jóvenes migren con su familia.
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