Consuelo Porras no puede seguir al frente del Ministerio Público. Persigue a ciudadanos por expresarse en contra de la acción de los más corruptos, sus defendidos.

Su más reciente y funesta acción, usar el caso de daños presuntos a las instalaciones de la Universidad de San Carlos (USAC) para procesar a quienes contendieron y se opusieron a la imposición de Walter Mazariegos como rector por parte del oficialismo, incluso muchos de ellos sin haber estado dentro del campus, rebasa todos los límites posibles en términos de respeto a la legalidad y a la democracia. Pero hacer uso de ese caso para, contra toda lógica y sentido de legitimidad, perseguir al Presidente y Vicepresidenta electos, constituye un esfuerzo por subvertir el orden constitucional. Es un intento más de su parte por irrespetar el voto de los guatemaltecos.

La Fiscal General pretende que un diputado del Congreso sea objeto de persecución por haberse opuesto públicamente a la imposición del Rector de la USAC. Y por expresarlo de manera abierta. Eso significa intentar acallar la libertad de expresión.

Su uso del sistema legal penal para ir contra quienes adversan el régimen de impunidad para la corrupción ha traspasado todas las fronteras ya.

Ha llegado el momento de la definición. Quien no exige la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público es su cómplice o es corrupto y se beneficia de su presencia en el cargo. Le debe el favor de la impunidad o se beneficia de que persiga a quienes en buena lid no puede vencer.

De otro modo, no puede entenderse el respaldo tácito a esta mujer que representa el mayo daño al régimen constitucional del país instalado en 1985.

Aquí ya no caben medias tintas. Consuelo Porras tiene que irse. Y la población debe expresárselo a voz en cuello con la protesta más sonar y efectiva en el país. Cuando antes se vaya, será mejor para todos. Y la única alternativa viable es que el Ministerio Pública vuelva a ser una institución la cual podamos confiar los guatemaltecos y no solo, como hoy, los corruptos.

Ella y sus subalternos intentan montar un régimen de terror para impedir que la población se exprese contra los desmanes de quienes gobiernan. Y está dispuesta a cualquier medida para frenar la llegada de quien resultó electo con los votos de la mayoría. Su esfuerzo está concentrado en evitar que Bernardo Arévalo acceda a la Presidencia de la República.

Esto ya no es admisible.

Si los ciudadanos se ven perseguidos por expresarse y si una Fiscal General y sus aliados son capaces de impedir la llegada al cargo de una persona electa, estamos frente a un tipo de régimen autoritario y dictatorial en donde solo cabe la voluntad de quien gobierna.

Y junto a Porras, todos sabemos quién lo hace. Gobierna una serie de personas que jamás habían mostrado ejecutorias respetables en su vida, nunca habían alcanzado éxito en su ocupación. Hoy lucen una riqueza proveniente de la cercanía con los fondos públicos y el abuso del sistema de justicia. Ese son Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. Dos fracasados en sus esfuerzos, excepto cuando Porras opera a favor de ellos.

Guatemala está ya harta de su abuso. En el país, hay dos bandos específicos: los ciudadanos que quieren vivir en democracia, respetar la voz y los derechos fundamentales de quienes desde la minoría piensan distinto, y el grupo de quienes apoyan a Consuelo Porras.

Cada quien sabe a qué grupo pertenece.