De toda la podredumbre, la mediocridad y el caos que se percibe en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con juntas electorales sin pericia y un guirigay previo a la confirmación de resultados, sólo podría salvarse escasamente la magistrada Blanca Alfaro. A ella le atribuyen al menos tres fuentes distintas la denuncia ante funcionarios de la embajada de Estados Unidos del pago de un soborno de Q50 mil mensuales a los integrantes del TSE por parte de la Presidencia de la República y Miguel Martínez. Alfaro tendría que asumir su responsabilidad de forma pública, de la cual ha abjurado en las últimas semanas, dar un paso al frente y admitir los hechos que ya denunció en privado. Hacer un esfuerzo desesperado para salvar una institución a punto de hundirse.
Los demás magistrados no tienen manera de redimirse.
Empezando por Rafael Rojas Cetina quien mintió de forma descarada para alcanzar una magistratura. Falsificó actas para acreditarse un título que no alcanzaba. Y sin embargo, se le permitió permanecer en su cargo por convenir a los intereses de la alianza gobernante.
El magistrado Rojas, junto al magistrado Cornejo Marroquín (suplente, quien también mintió sobre títulos académicos), impunes, el Ministerio Público les permite seguir avantes en su mentira sin enfrentar consecuencias, los dos ilustran de forma microscópica la descomposición del sistema.
El presidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez han desbaratado junto a sus aliados las instituciones democráticas. Han desvirtuado la república. A ambos, lo único que les ha importado es dominar las instituciones democráticas para garantizarse el poder sin límites. E Impunidad. Más poder para sus negocios y más impunidad para su corrupción. Más corrupción para prolongar su poder. La calidad de los integrantes de estas instituciones les parece secundario. Y hoy el país vive las consecuencias.
Guatemala se encuentra, gracias a la disputa por la alcaldía metropolitana, frente a una vitrina que exhibe errores de bulto en la organización de las elecciones.
Que hoy venga el partido Valor a fingir que defiende el Estado de derecho y clamar por una revisión de actas y un conteo meticuloso de los votos resulta absurdo. Además, que los Unionistas vengan a proclamar la santidad del sistema, con tal de conservar su pequeño feudo en la capital, también es contradictorio.
Juntos trabajaron para alcanzar el resultado que hoy obtienen. Unas elecciones donde surgen a cada paso, cada vez que se levanta una loza, evidencias de todos los vicios puestos en práctica para amañar el proceso.
El partido Vamos hizo elegir, mediante el uso de fondos públicos a no pocos diputados. Compró votos. Y usó el programa del Adulto Mayor de manera clientelar para favorecer a sus candidatos. Si el Tribunal Supremo Electoral ha optado no verlo.
Si la Fiscalía de Delitos Electorales no procesa los casos y exige que el TSE que se abstenga de declarar como ganador a alguien que ha robado el cargo, será cómplice
Pero mire usted cómo son las cosas.
Un segmento de los ciudadanos escapó del control de la alianza gobernante y de sus triquiñuelas y ardides para limitar la competencia. El Movimiento Semilla está en la segunda vuelta pese a los esfuerzos por diseñar el resultado. Los votantes hicieron fracasar su misión de imponer candidatos de pedido.
Para impedir un potencial triunfo de Semilla en el balotaje tendrían a estas alturas que ejecutar el equivalente a un golpe de Estado. Enterrar el mismo sistema, de apariencia democrática, que a toda costa han procurado hacer prevalecer para su beneficio pecuniario.
Por eso, sólo Blanca Alfaro puede salir bien librada. Sólo ella. Pero todo depende de sí misma.