Es una necedad demandar elecciones libres y transparentes en un reino de opacidad e instituciones cooptadas. Simplemente, es incongruente. ¿Por qué habrían, quienes tienen todo el poder en sus manos, de entregárselo a alguien que no necesariamente les dé garantías de impunidad para sus negocios con fondos públicos o para acallar las voces de quienes protestan? O bien, ¿alguien que simplemente no quiera compartir con los demás protagonistas del negocio público la parte que les parezca justa para cada uno?

Si para forzar la elección de la Fiscal General fue necesario, y no tuvo consecuencias, someter a los postuladores bajo amenaza legal hasta que aprobaran la nominación como candidata de Consuelo Porras, ¿alguien confía en que volverá algún día a respetarse el proceso de postulación de candidatos?

La transgresión a la norma ya está establecida. Aquí no volverá a haber un Fiscal General dispuesto a castigar la corrupción hasta el final de los tiempos.

Pasarán otra vez encima de los decanos de derecho de 7 universidades y de cuantos sea necesario hacerlo. O los amedrentarán de antemano. Pero perder el control de una institución que les permite impunidad por un lado y acoso a quien se oponga por el otro, les resulta crucial.

Si para integrar la Corte de Constitucionalidad con puros votos favorables a la alianza gobernante hubo que girar una orden de captura contra uno de los contendientes en el Colegio de Abogados para garantizar el triunfo de Néster Vásquez, ¿qué opción real hay de que permitan una competencia libre en el futuro proceso de integración de esta corte?

Han perseguido a cada persona que ayudó a documentar la manipulación del proceso de postulación de candidatos magistrados a Cortes Suprema y de Apelaciones. Esta misma semana han llevado a la cárcel a dos de estas agentes fiscales. ¿Alguien confía en que se volverá a tener cortes no sujetas a quienes gobiernan?

En ese panorama, y frente a las actuaciones tan disparejas para analizar el caso de cada candidato por parte del Tribunal Supremo Electoral inscriben a narcotraficantes activos como candidatos y bloquean a quienes perturban al presidente Giammattei) ¿qué confianza pueden tener Edmond Mulet y Carlos Pineda de que sus nombres estarán inscritos en las papeletas?

Un sistema que ha hecho tanto para cobrar cada ápice de poder posible, que se da el lujo de llevar un proceso con notoria denegación de derecho de defensa para un acusado como Jose Rubén Zamora, mientras la sociedad se hace la desentendida, no va a tener reparos de hacer cuanto más sea necesario para garantizar su hegemonía.

Revise los listados de candidatos a diputados de los partidos políticos con mayor capacidad de financiamiento (Valor, UNE, Vamos, Cabal, Prosperidad Ciudadana) y se percatará que llevan al Congreso a los mismos personajes vinculados a intereses de empresas constructoras y proveedoras del Estado. Lo mismo en Quiché que en Alta Verapaz. En Huehuetenango que en Chiquimula.

Quien quiera que gobierne habrá de repartir la torta si quiere lograr que se apruebe algo en el Legislativo.

Las elecciones de junio de 2023 no representan en modo alguno una oportunidad para contener la oleada de autoritarismo, concentración de poder y desaparición de los pesos y contrapesos en el sistema republicano guatemalteco. Por el contrario, suponen la oportunidad para que ese embate -que entre otras cosas reduce el margen de la libertad de expresión- se consolide y se vista de legitimidad en las urnas.

El futuro gobernante, ha dicho la Superintendencia de Administración Tributaria, ya tiene garantizado mucho dinero en caja para arrancar su reinado. Ese dinero se acumula mientras los guatemaltecos comunes y silvestres carecen de servicios de salud, de acceso a agua entubada, de educación que los haga competitivos. Por tener, no tienen nada. Mucho menos democracia.