El president Bernardo Arévalo llegó el 22 de abril a las Verapaces junto a la ministra de Comunicaciones, Jazmin de la Vega. En su recorrido por diferentes obras, la ministra y el Presidente se encontraron con Shelder Córdoba, cuya familia es propietaria de varias constructoras. Los Córdoba se hicieron célebres por su apoyo a Manuel Baldizón en 2015. En 2023 se les vio más cercanos a Edmond Mulet. Pero igual, a sus empresas se les adjudicaron numerosas obras durante el gobierno de Alejandro Giammattei. A Shelder Córdoba se le atribuye ascendiente sobre diputados pertenecientes, entre otros, a Cabal y al partido Vamos. Él niega tener ese poder de influencia en el Congreso.
Una de las obras concedidas a los Córdoba por Giammatei y compañía es la carretera que de Lanquín conduce a Semuc Champey. La obra, según el constructor, se encuentra avanzada en 93 por ciento. En cambio, según el Sistema Nacional de Inversión Pública, está avanzada en 88 por ciento y ha recibido, hasta el mes de abril, el 18 por ciento de pago con respecto a su costo total. Ante el avance, la ministra de la Vega y el Presidente habrían autorizado un pago de Q8 millones de esa obra como parte de la deuda de arrastre que quedó del gobierno anterior.**
Pues bien, unos días más tarde, el dos de mayo, la normalmente impávida Fiscalía contra la Corrupción envió un oficio a la ministra de la Vega para exigir la información del pago de toda deuda de arrastre durante el año 2024 a favor de 8 empresas. Dos de esas empresas, pertenecen a la familia de Shelder Córdoba. Las demás, pertenecen a constructores tan conspicuos y corruptos como la familia Guerra de Petén. El escrito le concedió tres días hábiles a la ministra para entregar los datos.
La única lectura que puedo hacer de esta inusitada gestión del Ministerio Público, que súbitamente cobra interés en obra pública contratada por el gobierno de Giammattei, es que Consuelo Porras va rumbo a judicializar a funcionarios del actual gobierno por cualquier pago de obra contratada por su antecesor. Esto le permitiría detener todo avance en carreteras o caminos y también le permitiría impedir que los constructores, con presunta influencia sobre diputados, les animen a estos a apoyar proyectos del actual gobierno.
Luego, en un sistema de justicia con decisiones tan incomprensibles como la de liberar y exonerar a Alejandro Sinibaldi de su corrupción, pero al mismo tiempo enviar a prisión a su antigua asistente (Anelise Herrera) que delató delante de juez los delitos del exministro, la acción del MP seguramente no afectaría a quien contrató la obra y realizó los primeros pagos, pero sí afectaría al gobierno de Arévalo al cual Consuelo Porras y sus aliados consideran su enemigo. Esto es, el uso de la acción pública penal como arma política. Aún más allá de lo que ya ha hecho criminalizando a críticos y operadores de justicia anticorrupción.
La Fiscal General ha desvirtuado al MP al punto de convertirlo en una herramienta que igual premia con impunidad a sus amigos, como castiga con criminalización a quien le estorba. Si en algún caso procura auténtica justicia, con sus acciones politizadas y perversas ya ha dejado sin credibilidad su trabajo.
La gestión de Consuelo Porras es avalada por quienes sea por temor, como los actuales alcaldes o diputados (a merced de su poder punitivo) o los grandes empresarios (beneficiarios de la impunidad y beneficiarios de la persecución a quienes cuestionan al sistema), sonríen con la Fiscal General por estos días.
Es difícil saber con certeza qué persuadió al president Bernardo Arévalo de iniciar la batalla decisiva contra Consuelo Porras el domingo anterior. Pero no es peregrino pensar que lo haya motivado la actuación de la Fiscalía contra la Corrupción respecto a los pagos a constructores de obra pública. La exigencia de información a la ministra de Comunicaciones se dio el día 2 de mayo. El anuncio del presidente Arévalo de promover el cambio de la ley orgánica del Ministerio Público para hacer que la Fiscal rinda cuentas, el 5 de mayo.
El Presidente hace bien en lanzarse a esta batalla, determinante de su mandato y exigida por sus electores. Una democracia -y un sistema auténtico de mercado- no pueden desarrollarse bajo la amenaza de una justicia espuria y corrompida, dispuesta a frenar todo avance de quien considera su enemigo. Y, en cambio, premiando con impunidad la corrupción de quien le plazca.
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Semuc