¿Hay opción real de que las elecciones de junio 2023 le ofrezcan a la ciudadanía alternativa al régimen de corrupción y autoritarismo establecido en el país? La respuesta es, no.

Con las Cortes coordinadas con el Gobierno central y leales a sus intereses espurios, es imposible que haya elecciones libres. Con un Tribunal Supremo Electoral que ignora el obvio financiamiento con fondos públicos del partido oficial vía los alcaldes es impensable que haya posibilidades reales de competir. Y con la grosera manipulación de la Contraloría y el Ministerio Público, convertidos en misiles balísticos contra quien no juegue al juego de la corrupción en el poder, no hay opositor que resista.

Ante la sola mención de que Francisco Rivas, ex ministro de Gobernación, ex fiscal honesto y hombre de derecho podría competir en las elecciones como candidato a la Vicepresidencia, rápidamente se solicitó una auditoría especial a su periodo en la cartera. El resultado consabido será la denegatoria del finiquito. Así se le impedirá correr.

El Estado de derecho está en poder de los gobernantes. Los jueces que no resuelven como al poder real le interesa son perseguidos hasta la cárcel o el exilio.

El caso del juez Miguel Angel Gálvez es especialmente grave. Al juez le toleró el status quo que procesara a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti, pero cuando osó ordenar la apertura a juicio y comisionar la investigación de cuadros militares sospechosos de graves violaciones a los derechos humanos simplemente ya no se le soportó más. El juez camina hoy sobre una cuerda floja. Y no hay régimen de derecho que le proteja en su independencia.

El orden constitucional está quebrantado por la permanencia en sus magistraturas de una Corte Suprema que va rumbo a duplicar el periodo para el cual fueron electos. Esto rompe con el espíritu de la Constitución, pero no hay quien se atreve a levantar la voz porque los dueños del país así lo prefieren.

Seguramente vamos a ver trifulcas entre el partido de gobierno y sus antiguos aliados que han elegido a Zury Ríos como sucesora del poder para mantener las condiciones del país, pero no pasarán más allá de eso.  Ganará Manuel Conde en nombre de Alejandro Giammattei o Zury Ríos en nombre del gran capital, pero aquí las cosas no habrán de cambiar. En el peor de los casos, si por alguna razón se impiden las elecciones, tendrá que permanencer en el cargo el Primer Mandatario bajo los mismos argumentos que han mantenido en su puesto a los magistrados de la Corte Suprema. Cualquier cosa antes que permitir un cambio.

El sistema se mantiene porque tiene a muchos interesados en que prevalezca. Los alcaldes, ahora convidados al banquete del enriquecimiento súbito con miles de millones para su ejecución y una nueva ley de Adquisiciones en marcha que les amplía la oportunidad de contratarse a sí mismos para cada obra pública, tienen demasiados incentivos para impedir que las condiciones cambien. El dinero fluye para los potenciales votantes de los oficialistas y sus amigos. Fluye en forma de obra pública y fluye en forma de donaciones de alimentos y materiales de construcción. Fluye en mitines donde se rifan motos y hasta automóviles. El dinero abunda para mantener el sistema. Y en diferentes territorios del país, el narcotráfico entiende estas condiciones y las aprovecha. Ayuda a financiar alcaldes y compra el control de sus municipios.

Así, es muy improbable que las elecciones supongan una oportunidad para que el electorado voltee a ver a alguna opción que ofrezca un cambio. Pese a que las instituciones no le resuelven necesidad alguna y la mejor opción de su vida es recibir una remesa o viajar a Estados Unidos para empezar a enviarla.