En Guatemala, los accidentes de tránsito han cobrado 24 mil 686 vidas en los últimos 14 años y dejado 114 mil 294 heridos, un costo insostenible para el sistema de salud pública. El trágico accidente del Puente Belice, con 54 víctimas, expuso nuevamente la falta de control en el transporte colectivo, donde las reformas siguen estancadas y los pilotos operan sin supervisión efectiva.
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La construcción de obra pública camina a vuelta de rueda en el país: expropiar terrenos para la vía es complejo y la legislación es anticuada como para agilizar el paso.
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El Congreso autorizó una reasignación de Q1.7 millardos para que el Ministerio de Comunicaciones pueda intervenir proyectos viales suspendidos por más de seis meses. La medida permitirá realizar mantenimiento excepcional en obras abandonadas, incluidas rutas nacionales y puentes claves, mientras se elabora un inventario de más de 900 proyectos en impasse. El decreto también busca proteger a los funcionarios de eventuales consecuencias judiciales al ejecutar estas intervenciones.
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Un empresario ha enfrentado por ocho años a la Municipalidad de Guatemala: denuncias penales y una inhabilitación impuesta, tras un error de la comuna en los planos de un instituto en zona 18. Un examen de la Contraloría confirmó que la planificación municipal estaba incompleta y que el constructor no incumplió el contrato. Aunque la denuncia fue desestimada y la Corte de Cosntitucionalidad ordenó rehabilitarlo, el daño ya está hecho: la obra quedó abandonada y su empresa no ha podido contratar de nuevo con el Estado.
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El presupuesto aprobado por el Congreso introduce 51 ONG nuevas y eleva a Q2.3 millardos los fondos destinados para 2026. Entre las incorporaciones figuran organizaciones sin registros públicos y con asignaciones millonarias, mientras grupos con más de una década de trabajo en atención a mujeres víctimas de violencia quedaron fuera. Representantes de ONG consolidadas cuestionan la discrecionalidad de los diputados y destacan que la expansión se concentra en Gobernación y Desarrollo Social, donde se duplican y hasta triplican los montos.
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En Guatemala, hablar de planificación familiar es aún tabú para muchas familias, pese a que el sistema público ofrece métodos gratuitos. Mientras criar a un hijo puede superar los Q137 mil, cada vez más jóvenes optan por postergar o evitar procrear.
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Los ataques armados contra camiones de alimentos y bebidas en Guatemala esconden una dinámica poco visibilizada: tras los asaltos, grupos delictivos se apropian del producto y lo reparten en áreas donde imponen su dominio. Las extorsiones aumentan y estas estructuras han ampliado el control territorial en rutas comerciales clave.
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Walter Mazariegos llega a presidir la Comisión de Postulación para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en medio de fuertes cuestionamientos. Su rectoría —marcada por denuncias de cooptación y sanciones contra miembros de la comunidad universitaria— despierta temores sobre la transparencia del proceso. Analistas y académicos señalan que será crucial el papel que jueguen los otros integrantes de la comisión.
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En Sayaxché, Petén, 14 comunidades cerraron el capítulo del ferry que durante tres décadas fue el único acceso para cruzar el arroyo Petexbatún. Tras años de intentos fallidos, llegó finalmente un puente modular de 60 metros para la microrregión Mario Méndez Montenegro.
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Desde 2023 una estructura de exterminio llamada “Limpieza Humana Petén” opera públicamente en redes, presume ejecuciones y ofrece servicios ilegales de “seguridad”. Sus acciones han dejado al menos 80 asesinatos en 2024 y mantienen en alerta a autoridades, empresarios y fiscales del departamento.
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En Retalhuleu, las entregas de fertilizantes, alimentos y otros programas sociales se convirtieron en escenario de una intensa pugna política. Los diputados Willy Ralda, José Carlo Solano y Luis Galindo buscan adjudicarse la gestión de los apoyos, mientras el alcalde Pablo Villatoro en la disputa. La participación de Susy Galindo, hija del diputado de VALOR y empresaria vinculada a contratos millonarios con el Estado, añade un nuevo capítulo al creciente populismo en la región.
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Xela vive entre apagones. Aunque la Empresa Eléctrica Municipal reporta una mejora en la satisfacción ciudadana, la demanda supera por mucho la capacidad disponible y los bajones siguen dañando equipos y alterando la vida cotidiana. Expertos apuntan a una red saturada, falta de inversión y crecimiento urbano desordenado.
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Jimmy Morales en Pakistán generó controversia luego de que fuera presentado como “presidente del parlamento guatemalteco”. Su gira ocurre mientras arrastra 18 solicitudes de juicio, señalamientos de corrupción. Durante su visita el presidente pakistaní se declaró la inmunidad vitalicia.
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VAMOS llegó al Congreso con 39 diputados, pero ahora cuenta entre 22 y 25 legisladores leales a Allan Rodríguez. Mientras que otros abanadonan el bloque. La salida de figuras como Boris España y Mynor de la Rosa evidencia la fragmentación interna y la búsqueda de nuevas alianzas de cara a 2027.
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La ley antipandillas introduce castigos desproporcionados, elimina medidas sustitutivas y restringe derechos humanos de los reclusos, mientras deja al MP y la Corte Suprema con nuevas armas legales.
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CABAL repite la fórmula que llevó a la UCN al poder y a su caída: figuras con bases locales, recursos y señalamientos por vínculos criminales.
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Una década después de que Manuel Baldizón fue rechazado en la contienda por el grito de “no te toca”, el eco volvió a escucharse. Carlos Pineda, quien intenta posicionarse como candidato presidencial, fue rechazado entre abucheos mientras repartía pizzas. Analistas apuntan a una ciudadanía más consciente y un electorado joven que no perdona la la vieja política.
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En ocho años al frente del Ministerio Público, Consuelo Porras desmanteló la carrera fiscal: las destituciones se triplicaron y los fiscales con más de una década de experiencia fueron removidos sin explicación. Las decisiones, amparadas en un pacto colectivo, favorecen la impunidad de funcionarios y aliados políticos
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Evelyn Vega, exfuncionaria del Instituto de la Víctima, denunció irregularidades cometidas por Alejandra Carrillo, Silvia Valdes y Vitalina Orellana en 2021. Cuatro años después, fue enviada a prisión y obligada a disculparse públicamente, mientras las exmagistradas y la exdirectora mantienen influencia en el sistema judicial. Su caso, rodeado de represalias y silencio, refleja la impunidad que domina el aparato de justicia en Guatemala.
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En menos de una semana fueron abandonados 13 cuerpos y dos cabezas humanas en distintos puntos del país. Las autoridades investigan si se trata de una guerra entre pandillas o de una operación de limpieza social. Expertos advierten que el macabro hallazgo es un mensaje de poder criminal hacia el nuevo ministro de Gobernación y al Gobierno de Bernardo Arévalo.
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