Autor: Pedro Trujillo

El impuesto sobre la propiedad introduce, en la práctica, una condición permanente: el propietario lo es mientras paga.

El costo político de este tipo de enfrentamientos suele ser alto, porque obliga a los ciudadanos a posicionarse no tanto desde el análisis como desde la adhesión emocional.

Estamos ante una red de actores que actúa de forma espontánea, motivados por preocupaciones compartidas, o existe una articulación más estructurada y planificada, con estrategias coordinadas de incidencia.

Y si el jefe del Estado reconoce públicamente que su información proviene del mismo ecosistema de rumores que alimenta las redes sociales, la pregunta resulta inevitable: ¿qué nos queda al resto de mortales?

La preocupación por los derechos humanos, tan vehemente en las redes sociales y en manifiestos diversos, parece tener un límite muy concreto: el bolsillo propio.

Y si el jefe del Estado reconoce públicamente que su información proviene del mismo ecosistema de rumores que alimenta las redes sociales, la pregunta resulta inevitable: ¿qué nos queda al resto de mortales?

El sistema no está fallando: funciona exactamente como fue diseñado, al servicio de cuotas, redes, grupos mañosos y conveniencias coyunturales.

¿Buscan realmente estos actores un sistema de justicia independiente o buscan un sistema predecible, alineado con determinadas visiones ideológicas y estratégicas?

Rara vez verá una ONG declarar que cumplió su misión y, por tanto, cerró operaciones. Lo habitual es lo contrario: el problema persiste, el proyecto se renueva, el presupuesto sube y la estructura crece.

Lo más preocupante es que este ciclo se repite cada cuatro o cinco años y casi siempre desemboca en la misma frustración.

La ética no admite fisuras ni interpretaciones creativas. O se es ético, o no se es; no existen las «medias tintas morales» que hoy se pretenden vender como pragmatismo.

No es posible diseñar un modelo de servicio público eficiente con esta proliferación de organismos “independientes” convertidos en clubes cerrados, donde cada grupo de poder hace y deshace a su antojo.

Mientras tanto, los regímenes autoritarios aprendieron a utilizar el sistema como escudo retórico, denunciando supuestas “agresiones”.

Al elevarse el salario por decreto, aumenta la masa monetaria disponible, se incrementa el consumo y, como dicta cualquier manual básico de economía, también la demanda.

El gobierno —este y todos— no es más que una máquina rota diseñada para quemar dinero ajeno. No produce nada. No genera riqueza. No arregla problemas que antes no cree.

Firmaron el gasto para 2026 —incluso los oficialistas que tanto criticaron ese proceder años atrás— como quien se deshace de un compromiso incómodo: rápido, sin hacer ruido y esperando que las críticas se disipen.

Y luego nos preguntamos por qué los políticos corruptos ganan elecciones: pues porque los votan ciudadanos igual de indulgentes con la corrupción, que son los mismos que se quejan de ello a diario.

El corporativismo tradicional —ese que tanto dicen combatir— es justo el modelo que adoran: autoritario, vertical, con un Estado que organiza, controla y subordina gremios, sindicatos y asociaciones.